Entre 2021 y 2025, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició 38 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, de las cuales únicamente 7 han concluido en sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Poder Judicial estatal.
De acuerdo a información de transparencia, el poder judicial informó que logró tres setencias en 2021, tres en 2023 y una más en lo que va de 2025. Todas derivaron en condenas, en procedimientos tanto del sistema oral como del tradicional.
En total se han iniciado 53 carpetas de investigación por este delito entre 2019 y 2025. Solo este año van cuatro denuncias.
El estado registró 130 reportes de trata de personas entre 2023 y junio de 2024, colocándose entre las cinco entidades con mayor incidencia junto con Estado de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Un delito presente pero ignorado por las autoridades
Para Anaís Palacios, defensora de humanos y parte del Instituto de derechos Humanos y Democracía, en Veracruz existe la trata. “Eso es innegable. ¿Cómo está la cosa en Veracruz? Pues latente, presente. No sé si habría una estrategia de prevención más allá de pegar carteles, donde se informe a la ciudadanía, a las juventudes que, en este país, de 14 a 29 años son el rango de edad de desaparición”.
“Las víctimas son comúnmente mujeres jóvenes en entornos de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación y de una tremenda necesidad económica”. Palacios enfatiza que a las víctimas, primero las separan de sus redes de apoyo y después las privan de la libertad para explotarlas.
Relata el caso de una sobreviviente, una joven que fue interceptada por un taxista cerca de una terminal de autobuses, drogada y trasladada a otro municipio de Veracruz y posteriormente a otros estados del país.
Cuando la joven recuerda algunas de las experiencias que vivió, se ubica en lugares llenos de personas “mujeres atadas, realizando empaquetado de droga, teniendo contacto sexual con montones de personas que van a ese tipo de lugares que saben que ahí tienen a personas que están en condiciones insalubres, que están privadas de la libertad, en algo análogo a la esclavitud, donde no hay derechos, donde no hay nada. Y finalmente este es un caso entre varios otros”.
Anaís Palacios advierte que en muchos de los casos donde se han advertido elementos que llevan al delito de trata, se enfrentan con la realidad de que no hay denuncias, pero lo que sí hay es complicidad de autoridades en todos los niveles: municipal, estatal y federal, así como una poca capacidad de investigación.
“Esta poca capacidad de investigación debería recaer sobre la Fiscalía, sin embargo, también hemos advertido que las víctimas han manifestado que no tienen un buen trato por parte del personal que hace la investigación de los delitos, que no hay una atención acorde a las víctimas”.
Casos recientes
En enero de 2025, en Chicontepec, fue detenido Leovigildo “N”, señalado de explotar a mujeres menores de edad. Entre 2023 y 2024, cuatro hombres —Juan “N”, Jorge Eduardo “N”, Mario “N” y Federico “N”— fueron procesados por someter a una adolescente a explotación sexual.
En Boca del Río, la Fiscalía vinculó a proceso en 2024 a Julio César “N” y Yésica Anahí “N”, acusados de captar a mujeres de nacionalidad colombiana y explotarlas sexualmente en un inmueble.
Otros expedientes incluyen el caso de Carlos “N”, detenido en 2022 por la privación de la libertad de una mujer en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ocurrida en 2012.
Marco legal
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece que este delito comprende captar, transportar, retener o alojar a personas con fines de explotación.
En Veracruz, las autoridades han identificado como sectores más vulnerables a niñas, niños, adolescentes, mujeres, comunidades indígenas y personas migrantes.
Panorama nacional
A nivel nacional, la trata se concentra principalmente en Quintana Roo (38%) y Estado de México (15.5%), entidades que juntas acumulan más de la mitad de los casos.
En la última década, las cifras han fluctuado: de 676 víctimas en 2015 a 558 en 2024. En lo que va de 2025 se han contabilizado 271 víctimas, de las cuales la mayoría son mujeres, incluidas menores de edad.
Fuente y Foto: AVC/atf
