La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa un momento clave en su vida institucional. Su Junta de Gobierno deberá decidir si prorroga el mandato del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, o convoca a un nuevo proceso de elección.
Irvin Uriel López Bonilla, experto en litigio estratégico por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, advierte que esta decisión es más que administrativa: representa un punto de inflexión para la autonomía universitaria.
López Bonilla subraya que, según la normatividad vigente, la figura de prórroga está permitida explícitamente para la Rectoría, pero no así la reelección, la cual no aparece contemplada en la legislación universitaria. En su análisis, distingue tres figuras normativas aplicables a los cargos universitarios:
1. Ratificación, aplicable a directores y coordinadores.
2. Reelección, reservada a integrantes de consejos técnicos y órganos equivalentes.
3. Prórroga, expresamente prevista para el Rector y otros cargos específicos, conforme a los artículos 10 de la Ley de Autonomía, 36 de la Ley Orgánica y 25 del Estatuto General.
“El Rector puede aspirar a continuar en el encargo mediante la figura de la prórroga, porque así se prevé taxativamente”, señala.
Para López Bonilla, la prórroga no debe confundirse con reelección, pues esta última requeriría repetir el procedimiento completo de designación, cosa que no aplica en este caso. En cambio, el proceso actual exige que la Junta de Gobierno evalúe los cuatro años de gestión del Dr. Aguilar, y emita una decisión fundada.
Aunque el Reglamento de la Junta de Gobierno no contempla un procedimiento específico para resolver una solicitud de prórroga, el académico aclara que eso no impide que se resuelva con base en principios de legalidad, supletoriedad normativa y responsabilidad administrativa.
“Hoy como nunca se viven tiempos donde la legalidad, la legitimidad y la transparencia son conductas exigibles. Que todo sea en nombre y en defensa de la autonomía universitaria”, concluye.
Fuente y foto: AVC
