El Estado mexicano pretende realizar una nueva investigación en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena que habría sido violada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en una localidad de Soledad Atzompa en el 2007, pero sigue sin reconocer que fue víctima de violencia sexual.
Durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el consultor jurídico de Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, negó la existencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos, además minimizó el viaje al que fueron llevados los familias de Ernestina como una forma de evitar que dieran seguimiento al cierre de la investigación pues incluso dijo que pudieron acudir “de manera voluntaria”.
“Se destaca que ni en el proceso penal ni en la investigación llevada por la CNDH se individualizó la participación de algún agente estatal. Por otro lado, en el peritaje del Dr. José Prieto se señaló lo que las limitaciones en la investigación socavan la capacidad para establecer de manera concluyente la implicación de agentes estatales”.
Desestimó lo que los familiares señalaron en el sentido de que habían sido invitados a la Basílica de Guadalupe para pedir a la Virgen por su madre y que regresarían al día siguiente, pero que habrían regresado 20 días después y se les habría mantenido alejados de los medios de comunicación.
Dijo que esto se sustentan en testimonios que no tienen relaciones directa con los hechos y son relatos “de segunda mano”. Citó lo dicho por Francisco Inés Asensio, hijo de la Ernestina, quien aludió que se les invitó a un viaje de 5 días a la Basílica de Guadalupe que inició el 9 de mayo de 2007, para afirmar que hay “inconsistencias” en la información.
“Todo esto presenta inconsistencias sobre la duración del viaje y permitiría presumir inclusive que la familia de la Sra. Ernestina habría accedido a participar de manera voluntaria”, señaló.
Y siguió: (…) Se alude que fueron trasladados a distintos destinos sin que se les consultara o les fuera posible negarse. Por otro lado, se señala que mantenían comunicación telefónica constante y que al exigir un destino particular fueron escuchados. La falta de claridad y veracidad sobre todas las circunstancias del viaje no permiten trazar un vínculo directo ni verificable con una expectativa clara a la libertad personal de la familia”.
E incluso agregó que aunque la familia ha señalado que René Huerta, entonces dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, fue quien los invitó al viaje, este no debe ser visto como “agente del estado”.
“De manera enfática señalamos que René Huerta no es ni fue agente del Estado. La organización comunitaria que dirigía es una asociación civil (…) la organización que representa no está afiliada en modo alguno al Gobierno estatal o federal. Al no existir vínculo alguno entre el señor René Huerta, que incluso participó en la supuesta organización del viaje referido, ni la organización a la que pertenecía con las autoridades mexicanas locales o federales, los actos o omisiones de René Huerta no pueden ser atribuibles al Estado y, por lo tanto, no pueden devenir en la responsabilidad internacional del Estado”.
Por su parte, Nancy Desiderio Noyola, coordinadora de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, propuso un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y que se diseñará en conjunto con las víctimas para procurar la pertinencia cultural del mismo.
A esto se suma la propuesta de una publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, un periódico de circulación nacional, redes sociales y en un sitio web oficial del Estado.
En cuanto a la atención de las víctimas indirectas, se propuso su acceso a los servicios del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Sobre el tema de la atención médica se propuso partir de un diagnóstico integral de salud de las víctimas para que posteriormente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas genere la ruta de atención con pertinencia cultural.
Además, en cuanto a las medidas de acceso a la justicia, el Estado continuará con la investigación ante la autoridad competente, conforme a los estándares de diligencia, efectividad y plazo razonable establecidos en la Convención Americana y la jurisprudencia de esta corte.
Sin embargo, sobre los montos de indemización solicitados dijo que las cifras propuestas por la representación de las víctimas distan de los criterios interamericanos en casos similares y solicitó a la Corte ajustar los montos.
En su intervención, Jennifer Feller Enríquez, directora de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el Estado hace un reconocimiento parcial de responsabilidad por hechos y violaciones relacionados con derechos a la vida y a la salud d Ernestina por la ausencia de servicios médicos adecuados, derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial Ernestina y de su familia, derecho a la integridad personal de los familiares de Ernestina.
“El Estado mexicano reconoce de la manera más respetuosa que no se cumplieron plenamente las obligaciones estatales de garantizar los derechos a la vida y a la salud de la señora Ernestina. Una mujer indígena y adulta mayor, cuyas condiciones de vulnerabilidad debieron ser atendidas con prioridad y urgencia en consonancia con estándares internacionales”.
Afirmó que el Estado no cumplió con sus obligaciones inmediatas en relación con el derecho a la salud en la comunidad de Zongolica ni se cubrieron los elementos de disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud.
Justificó que a partir de febrero de este año se implementará el programa casa por casa para llevar la atención médica a los hogares de las personas adultas mayores, incluyendo lugares remotos y garantizar su derecho a la salud.
“El Estado reitera su allanamiento parcial respecto del incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la salud y a la vida (…) el Estado reconoce que las autoridades incumplieron sus obligaciones relacionadas con las garantías y protección judiciales, así como la igual protección de la ley por la falta de investigación adecuada sobre la muerte de la señora Ernestina”.
Feller Enríquez señaló que el Gobierno de México impulsa acciones en favor de los derechos de las mujeres y que se dispondrá que las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los estados ajusten sus actuaciones con esta perspectiva, creando áreas especializadas para investigar y sancionar delitos en razón de género.
Reconoció que las deficiencias en la investigación resultaron en un cierre apresurado del procedimiento en perjuicio de los familiares de las víctimas, quienes han quedado sin respuestas claras y que el Estado tiene el compromiso de conducir una investigación independiente e imparcial a través de la autoridad competente con enfoque interseccional, que considere las condiciones de Ernestina como mujer indígena de la tercera edad.
“Esta investigación seguirá los estándares internacionales, tomará en cuenta los hallazgos de esta corte y garantizará la participación activa de sus familiares”, señaló.
Agregó que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por no haber llevado a cabo una investigación eficaz así como las violaciones por las cuales se hallan al estado han causado un sufrimiento psíquico y moral profundo a sus familiares.
“Nos comprometemos a garantizar su reparación integral. Deseo destacar que el Estado llevará a cabo todas las acciones necesarias para reparar estas violaciones y evitar su repetición. Honramos la lucha de la familia de la Sra.
Ernestina y refrendamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en este caso”.
Fuente y Foto: AVC/atf
