México está suscrito a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o pacto de San José, desde 1981 y aceptó que todas las sentencias y resoluciones son vinculantes, es decir que son de observancia obligatoria, en temas de derechos humanos, derechos de la niñez, la seguridad nacional y seguridad jurídica y propiedad privada, señaló el abogado Lázaro Montalvo.
Ahora, ese organismo recibe las quejas de jueces por la Reforma Judicial que obliga a elegir jueces por voto popular y los juzgadores consideran vulnera sus derechos, el caso ya entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que es un paso previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ya sesionó la comisión y escucharon alegatos de ambas partes, de los jueces y de la contraparte del gobierno federal, luego determinarán si el caso avanza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte ya ha manifestado la preocupación por la elección por voto popular de los jueces, lo cual debería ser por méritos propios y por capacidad y no por popularidad.
¿La CIDH puede revertir la Reforma Judicial?
El abogado Lázaro Montalvo consideró que la CIDH sí está facultada para analizar la Reforma Judicial, el hecho de que haya entrado a la comisión no quiere decir en automático pasa a la Corte.
Señaló que si la Comisión Interamericana resuelven que hay violación a los derechos humanos de las personas o de los jueves, si va en contra de la democracia o independencia del poder judicial, si garantiza o no la seguridad jurídica de las personas o la va a entorpecer, entonces podría llegar el caso a la CIDH.
Más que revertirla, alguno de los escenarios de resolución es que la CIDH podría resolver modificar alguna parte de la legislación, modificar la forma de elección o criterios de elección y el perfil de los candidatos.
¿Qué pasa si el gobierno mexicano no respeta el fallo de la CIDH?
Podría haber sanciones pero si esas no se acatan, México sería reportado entre los países miembros por su incumplimiento.