El Fiscal Especializado de Control Regional de la Fiscal General de la República, German Adolfo Castillo Banuet, reconoció que en la zona ha crecido el delito de extorsión, "es muy preocupante"
En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2023 de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, dijo que preocupa el crecimiento de ese delito que afecta a la sociedad.
Dijo que datos del INEGI revelan el aumento cuantitativo de delitos patrimoniales como son el robo, fraude y extorsión en los primeros dos meses de este 2023. Se han abierto más de 13 mil 866 carpetas de investigación en la zona sureste.
“La creciente incidencia es en el delito de extorsión, que es muy preocupante, ya que afecta valores fundamentales de la persona humana”.
En la reunión en la que estuvieron presentes fiscales de la zona sur sureste, dijo que según cifras de la Coordinación Nacional Antisecuestro se iniciaron a nivel nacional siete mil 404 carpetas de investigación por extorsión de las cuales mil 560 fueron en los estados del sureste.
En otro orden de ideas, el funcionario federal, aseveró que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ha permitido contener el incremento de la incidencia delictiva en México, aunque criticó que se encuentre cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el discurso oficial, dijo que la convencionalidad de esta medida cautelar está siendo cuestionada por el organismo internacional sin consideración de la incidencia delictiva del país, de las deficiencias endémicas en el control de los procesados en libertad o de las repercusiones que tendría la eliminación de la medida para las víctimas.
“Por ello planteamos a los juzgadores que esperen el pronunciamiento que seguramente emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, cómo ejecutar y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como todos sabemos es una corte de derechos humanos y no de legalidad”.
Expuso que la sociedad y las víctimas deben pronunciarse para que Suprema Corte pondere el derecho de las víctimas y no solo los de los imputados.
Fuente y foto: AVC/eap
