El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, indicó que se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por recursos cuyo destino no pudo ser comprobado en cuentas bancarias de una administración pasada del Ayuntamiento de Alvarado.
Durante una entrevista, el funcionario explicó que las denuncias surgieron a partir de observaciones detectadas durante los procesos de fiscalización, particularmente por la falta de comprobación sobre el destino de determinados recursos que permanecían en cuentas bancarias.
De acuerdo con el titular de la ASF, durante la revisión no se encontró una explicación suficiente sobre el manejo de esos recursos, por lo que el caso fue turnado a la autoridad ministerial federal para determinar si existe alguna responsabilidad penal.
“Mandamos a que se investigara directamente por la Fiscalía General de la República para que ellos determinen quién puede tener la responsabilidad penal”, explicó.
Hernández Palacios Cardel precisó que las irregularidades corresponden a administraciones pasadas, por lo que serán las autoridades competentes las que deberán establecer si hubo responsabilidades y, en su caso, quiénes serían los responsables.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación también adelantó que el próximo informe del organismo, previsto para octubre, incluirá los resultados de otra denuncia penal relacionada con una presunta obra inexistente en uno de los 212 municipios de Veracruz.
Durante la entrevista, el funcionario no reveló el nombre del ayuntamiento involucrado, por lo que será hasta la presentación del informe cuando se conozcan mayores detalles del caso.
La ASF revisa recursos destinados a infraestructura, participaciones y programas en los que intervienen instancias federales o estatales. Sin embargo, cuando se trata exclusivamente de recursos estatales o municipales y no existe participación de fondos federales, la fiscalización corresponde a las instancias estatales competentes.
Hernández Palacios Cardel señaló que las auditorías no únicamente derivan de los programas ordinarios de fiscalización. Las denuncias ciudadanas y los exhortos realizados por legisladores también pueden convertirse en elementos para iniciar revisiones.
La ASF cuenta con mecanismos para que los ciudadanos reporten posibles actos de corrupción o irregularidades en el uso de recursos públicos.
No obstante, aclaró que una denuncia o señalamiento no significa por sí mismo que exista una responsabilidad: será el proceso de auditoría el que determine si efectivamente hubo irregularidades, si se utilizaron recursos federales y si existen elementos para establecer algún tipo de responsabilidad.
El caso de Alvarado se encuentra ahora en manos de la autoridad ministerial, que deberá determinar las posibles responsabilidades derivadas de los recursos que, según las observaciones de la ASF, no fueron debidamente comprobados.
