La apertura de una auditoría retrospectiva de dos décadas al Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constituye un intento de distracción política para encubrir presuntas irregularidades en la administración reciente del organismo, encabezada por Guadalupe Taddei, así lo afirmó en entrevista para XEU el doctor en derecho y analista político Eduardo Sadot, quien subrayó que los delitos administrativos prescriben a los 10 años y que la Constitución prohíbe juzgar dos veces por el mismo hecho.
Para el especialista, anunciar una revisión de cuentas que abarca 20 años atrás carece de sustento legal efectivo y busca desviar la atención pública de los señalamientos actuales. Sadot explicó que, bajo el marco jurídico mexicano, incluso los delitos graves como el homicidio prescriben a los 10 años, por lo que las faltas administrativas o en el manejo de recursos públicos de hace dos décadas ya están legalmente solventadas.
"Con todo respeto, eso es una vacilada. Es un intento de distraer del quid del tema. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito o por la misma falta", puntualizó Eduardo Sadot.
Asimismo, el analista cuestionó que las autoridades actuales señalen supuestas irregularidades en administraciones pasadas —como la de Lorenzo Córdova—, argumentando que la gestión anterior fue auditada exhaustivamente sin que se encontraran elementos sancionables. "Obviamente que le revisaron hasta abajo de los dientes y no encontraron nada", agregó.
El doctor en derecho advirtió que la falta de claridad sobre la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la gestión reciente del INE demuestra una falta de voluntad para esclarecer los hechos. De acuerdo con Sadot, los señalamientos actuales contra la gestión de Taddei podrían configurar delitos como:
Malversación y desvío de recursos públicos.
Abuso de autoridad.
Manejo indebido de información confidencial.
Irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.
Además, destacó que el caso podría escalar a nivel internacional ante versiones periodísticas que apuntan a que Alfredo Hernández Casillas habría acudido a Estados Unidos como testigo protegido para declarar sobre el manejo de recursos durante los procesos electorales recientes, incluida la elección presidencial.
Sadot señaló que en el gobierno actual persiste una dinámica de protección política similar a la observada en casos como Segalmex, donde las investigaciones no alcanzan a los altos mandos. "Las escaleras se barren de arriba para abajo y no están barriendo de arriba para abajo, están barriendo nomás de abajito, y eso es un tema que es alarmante", expresó.
Finalmente, el analista propuso que, más allá de una revisión financiera y material, las autoridades deberían implementar una auditoría de gestión y desempeño. Este mecanismo permitiría evaluar el cumplimiento estricto de los manuales internos del INE y fincar responsabilidades administrativas directas por las omisiones cometidas en la administración vigente.
