La colectiva feminista Brujas del Mar encendió las alarmas ante la aplicación del nuevo marco legal e institucional en materia de violencia de género impulsado a nivel nacional. De acuerdo con la abogada del colectivo, Arianna Vázquez, los nuevos protocolos de investigación implementados tras las reformas legislativas no están reduciendo el problema, sino que han provocado que un número significativo de feminicidios se clasifique de manera errónea desde las primeras etapas ministeriales.
La litigante advirtió que el principal punto de preocupación radica en la reclasificación previa de los crímenes contra las mujeres. Bajo los criterios del nuevo protocolo, los casos se indagan inicialmente como homicidios dolosos o incluso como presuntos suicidios antes de valorarse como feminicidios.
"Nos hemos percatado que hay más feminicidios que no se están investigando como feminicidios, sino que se están empezando a investigar como homicidios dolosos en un primer momento y también se están investigando como posibles suicidios", señaló Arianna Vázquez.
Esta metodología crea un subregistro institucional y un sesgo en las estadísticas públicas. "Si la alarma social nos está refiriendo de que sí hay un índice de incremento de feminicidios, la realidad es que hay muchísimos más de los cuales la sociedad no nos estamos dando cuenta (...); el número es más alto", enfatizó.
Además de las fallas procedimentales al integrar las carpetas de investigación, Arianna Vázquez señaló que persisten factores estructurales que agravan la situación en la entidad, tales como el machismo arraigado, la falta de planes educativos de prevención y la pobreza.
"Hay un nuevo protocolo que, antes de que tú como fiscal puedas empezar a investigar como feminicidio, primero investigas otros delitos. A mí eso me parece que es muy revictimizante para las familias (...) es una humillación", aseveró.
Como prueba de las fallas en el sistema de impartición de justicia, la colectiva citó casos emblemáticos en la entidad:
Caso Breeidy Anette en Boca del Río: hallada sin vida y donde, por presunta falta de pruebas, no se ha logrado tipificar el caso como feminicidio.
Caso Meredih Martínez en Huatusco: donde las investigaciones iniciales bajo esta línea no han arrojado avances sustanciales, manteniendo impunes o bajo otros cargos a los probables agresores.
Las cifras oficiales contrastan con los registros independientes del estado de Veracruz: mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabiliza 17 carpetas de investigación, el Gobierno del Estado reportó 23 y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (OUVMujeres) documentó 44 casos.
Al respecto, Vázquez confirmó que los registros del colectivo coinciden con la cifra más alta:
"Los mismos 44 [casos], quizás un poquito más (...). Es muy curioso que este nuevo protocolo se emplee y ha sido uno de los años más violentos. Nos estamos dando cuenta que el plan no está funcionando y no estamos erradicando la violencia hacia las mujeres", concluyó la abogada, haciendo un llamado a la empatía y a la revisión urgente de las prácticas en la Fiscalía estatal.
