Herminia Báez Vázquez, de profesión abogada, acusó que el pasado 11 de septiembre a las 3:00 de la madrugada en su domicilio ubicado en la colonia Amapolas, en la ciudad de Veracruz, fue víctima de un presunto cateo ilegal, motivo por el que fue detenida y llevada al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.
En conferencia de prensa narró que en ese momento se encontraba con sus dos hijos, uno de ellos con nacionalidad estadounidense, cuando escuchó golpes en la entrada de su casa, se asomó, vio que eran policías de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), órgano de la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Ingresaron a mi casa, me aventaron sobre el comedor, me esposaron, no me dejaron hablar, sin embargo, les puedo decir que fue el comandante de la Policía Ministerial a quien reconozco plenamente porque en el 2018 fue delegado de la Policía Ministerial aquí en Veracruz. Nunca me mostraron la orden, me esposaron, me dijeron que ya había valido v..., que iba yo acusada de secuestro, que traía un carro con reporte de robo".
Mientras ella permanecía sometida, a sus hijos los llevaron a las habitaciones, sustrajeron pertenencias y fueron trasladados directamente a Xalapa para iniciarles un proceso penal en su contra.
"A mi niña la metieron a la recámara dos policías hombres, yo oía que mi hija gritaba '¡No me toquen, no me toquen!'; mi hijo gritaba arriba en su recámara lo encerraron, nos robaron los teléfonos, porque nos los robaron, nos los quitaron y no los pusieron a disposición, en el informe policial no aparece todo lo que nos quitaron: dinero, teléfonos y cosas de valor que se perdieron en mi casa. En el informe policial solo se limita a decir que iba yo huyendo, que los amenacé, que iban a llevar mis camionetas y los iban a levantar", dijo con lágrimas en los ojos.
Ya presentada ante las autoridades, un policía todavía le dijo que se dejara 'ayudar' y que firmara un documento en el que reconocía que traía droga, que a ella le pondría "tres bolsitas" y dos a cada uno de sus hijos, para que la acusación fuera por posesión simple, porque de todos modos se la iban a sembrar.
"En ese momento yo sentí una impotencia terrible, ser abogada y no poder hacer nada por mí, mucho menos por mi hija, ese día mi hija presentaba su tesis, no tiene idea el comandante de la Policía Ministerial cómo me arruinó la vida, me da tanta impotencia porque esos cateos están vendiendo estadísticas no resultados, están violentando la presunción de inocencia, se están pasando el sistema penal por donde ellos quieren".
Aseguró que pese a haber acreditado con documentación que el vehículo que compró en octubre del 2025 y por el que pagó verificación vehicular y utilizó para sus actividades profesionales en juzgados, fue acusada de robo y posesión de drogas e ingresada al penal durante una semana.
Su hijo logró grabar el momento del cateo y pese a que le quitaron el teléfono celular, las imágenes quedaron resguardadas en la nube de donde después fueron descargadas para aportarlas como elemento de prueba que sirvió para que los dejaran el libertad.
"Gracias a ese video un juez me dicta un auto de no vinculación, pero me hicieron pasar siete días presa, torturada, golpeada, me sembraron pruebas, me iniciaron una carpeta con mentiras, pero es mentira todo y se lo logré acreditar en una audiencia en el término legal de 144 horas".
El cateo supuestamente se realizó por una denuncia anónima de los vecinos de que en su hogar se escuchaban ruidos por lo que, según le indicaron, así pudieron dar con el vehículo con reporte de robo.
Una vez liberada fue a la Ciudad de México para buscar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para manifestarle la situación y fue atendida por personal del Gobierno Federal.
Pese a que cuenta con medidas de protección, después de presentar una denuncia en contra de los policías ministeriales que participaron en esa acción, ahora ha pedido asilo político en el extranjero y tendrá que irse del País.
"Donde yo he trabajado, donde hice un patrimonio para mi y para mis hijos y hoy tengo que huir de Veracruz como si fuera una delincuente, yo no robé nada, que les quede claro y les pude acreditar que estoy en libertad pero alguien tiene que atender lo que está pasando con esos cateos".
Además de todo lo anterior, señaló que cuando se encontraba encarcelada, el 13 de septiembre hubo retiros de su cuenta bancaria a través de las tarjetas que le quitaron.
Ahora pide justicia y la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que los responsables paguen por lo que hicieron porque se mantienen en activo en las filas de la UECS.
Puntualizó que el automóvil lo adquirió legalmente, con documentos en regla, incluso consultó en el sistema si tenía reporte de robo y no encontró ninguna irregularidad, además de que hizo procedimientos con él y nunca fue identificado como robado.
En la rueda de prensa mostró documentos del auto de no vinculación a proceso, de la denuncia que interpuso y de los trámites que ha realizado a partir del suceso que le tocó vivir.
