Un video que circuló ampliamente en redes sociales durante los últimos días encendió las alarmas en la comunidad educativa de Veracruz: imágenes de una golpiza registrada al interior de los baños del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 15, mejor conocido como CETIS 15, pusieron en el centro del debate la seguridad dentro de los planteles de educación tecnológica en el estado.
Ante la viralización del material y la preocupación generada entre padres de familia y ciudadanía en general, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) salió a dar la cara y aseguró que el caso ya fue atendido por las instancias correspondientes.
José Alejandro Ponce Martínez, comisionado de la DGETI, fue el encargado de dar declaraciones sobre lo ocurrido. Reconoció que existió un incidente entre estudiantes del plantel, pero fue enfático en señalar que la institución cuenta con mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones.
"Tuvimos un problema con unos alumnos, pero ya hay un protocolo. No se va a volver a repetir".
El funcionario no entró en detalles sobre la naturaleza del protocolo ni los pasos específicos que se siguieron tras el incidente, pero dejó en claro que la institución ya tomó cartas en el asunto y que el objetivo central es garantizar un ambiente de convivencia sana dentro de todos los planteles bajo su supervisión.
Ponce Martínez confirmó que los jóvenes involucrados no fueron expulsados y continúan asistiendo al CETIS 15, aunque aclaró que serán canalizados para llevar a cabo el proceso que corresponde según la normatividad educativa vigente.
Cuando fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de una expulsión, el comisionado fue contundente al señalar que esa medida no está contemplada para este caso en particular.
"No, no podemos expulsar. Pero vamos a tocar el evento".
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuáles serán las sanciones concretas ni en qué consiste exactamente el proceso al que serán canalizados los alumnos.
En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que los planteles de educación media superior deben contar con protocolos de atención a la violencia escolar, mismos que incluyen la intervención de orientadores, trabajo social, y en casos graves, la notificación a autoridades ministeriales. La expulsión definitiva de un alumno es, en efecto, una medida que requiere de un proceso formal y que en muchos casos está limitada por disposiciones que buscan garantizar el derecho a la educación de todos los menores de edad.
Sin embargo, esto no significa que los involucrados queden sin consecuencias. Las instituciones tecnológicas dependientes de la DGETI cuentan con reglamentos internos que pueden incluir suspensiones temporales, trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de convivencia y seguimiento psicológico, entre otras medidas.
La violencia entre estudiantes en planteles de educación media superior ha sido un tema recurrente en Veracruz y en todo el país. Los llamados casos de bullying, las riñas grupales y los videos viralizados de agresiones físicas se han convertido en una problemática que las autoridades educativas enfrentan con recursos limitados y protocolos que, en la práctica, no siempre logran frenar el problema de raíz.
Organizaciones civiles y especialistas en educación han señalado en múltiples ocasiones que la respuesta institucional ante estos casos suele ser reactiva en lugar de preventiva, y que la atención psicosocial a los estudiantes, tanto agresores como víctimas, sigue siendo insuficiente en la mayoría de los centros educativos públicos del país.
Ponce Martínez cerró sus declaraciones reiterando el compromiso de la dependencia con la seguridad de los estudiantes y con la construcción de entornos escolares donde la convivencia pacífica sea la norma, no la excepción.
"Nosotros estamos trabajando para que exista paz en los planteles".
Lo que sí quedó claro tras las declaraciones oficiales es que el video viral del CETIS 15 logró lo que muchas veces los reportes internos no consiguen: poner el reflector sobre un problema que afecta la vida cotidiana de miles de estudiantes veracruzanos y que exige respuestas concretas, sostenidas y verificables, no solo pronunciamientos institucionales.
