La pensión alimenticia es una obligación legal diseñada para garantizar el bienestar integral de los dependientes, abarcando no solo la comida, sino también educación, vivienda, recreación y herramientas actuales como tecnología.
De acuerdo con el abogado especialista Mateo Damián Figueroa, la pensión es un derecho tanto de "menores de edad, incapaces, esposas y concubinas", el cual puede solicitarse sin importar si la relación o el matrimonio continúa o se ha desintegrado.
Para iniciar el trámite, es indispensable acudir ante un juez especializado en materia familiar mediante la representación de un abogado.
Determinación del monto según la condición laboral
El juez determina el valor de la pensión considerando el tipo de empleo y los ingresos del deudor alimentario:
Si trabaja en una empresa formal: El juez evalúa las percepciones del acreedor y del deudor. Por ejemplo, en casos donde se deba cubrir a la esposa y dos hijos, se analiza la situación para decretar embargos. Como señala Figueroa, se puede fijar un porcentaje sobre el sueldo y prestaciones laborales, u ordenar un "embargo salarial por el orden del 60%".
Si trabaja por su cuenta (independiente o informal): En oficios como taxista, herrero, fontanero o albañil, el juez evalúa las condiciones de vida del menor y sus dependientes. En estos casos, el especialista indica que el juez puede fijar "un embargo del orden de medio salario mínimo diario o de un salario mínimo diario en adelante", buscando siempre privilegiar el nivel de vida de los menores.
Proceso, tiempos y defensa legal
El abogado Figueroa enfatiza que el trámite debe realizarse con celeridad debido a la naturaleza de los alimentos, los cuales son "de tracto sucesivo, son diarios, diario se requiere el alimento".
En el proceso, las etapas y consideraciones clave son:
Medida provisional a definitiva: Inicialmente la pensión se fija de manera provisional, pero la meta de la parte actora es que el juez la convierta en definitiva mediante la presentación de pruebas sólidas.
Derecho a la defensa: El deudor tiene el derecho legítimo de contratar representación jurídica para inconformarse o defenderse del embargo. Ante esto, el abogado de la parte demandante debe "hacer uso de todos los recursos para poder concretar que esta pensión que de manera inicial es provisional sea definitiva".
Acceso a representación legal: Aunque existen instancias públicas como el Sistema Integral para la Familia (DIF), Mateo Figueroa señala que no se requiere disponer de grandes sumas de dinero de inicio para contar con un abogado particular, ya que muchos profesionales ofrecen esquemas o facilidades de pago para agilizar el proceso y obtener un monto adecuado para los niños.
