A pesar de los operativos que el gobierno del estado de Veracruz ha desplegado contra los conductores que ofrecen transporte a través de aplicaciones digitales, Uber, Didi e InDrive siguen funcionando en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Las unidades particulares disponibles son menos que antes, sí, pero quien quiera solicitar un servicio todavía puede hacerlo sin mayor problema.
La situación pone sobre la mesa una paradoja muy concreta: el gobierno presiona, multa y retiene vehículos, pero las plataformas no se detienen.
Los usuarios que prefieren estas opciones sobre el taxi tradicional o el transporte urbano siguen encontrando disponibilidad, y los precios se mantienen atractivos, con descuentos que van de 50 a 80 pesos por viaje, lo que hace que el costo de trasladarse siga siendo considerablemente menor al de otras opciones.
Todo escaló el pasado 29 de junio, cuando elementos de Transporte Público del estado desplegaron operativos en varios puntos de la ciudad con el objetivo de identificar y detener vehículos particulares que operaran mediante plataformas digitales sin autorización oficial. La acción dejó al menos tres unidades aseguradas.
Entre los afectados hay un caso que llamó especialmente la atención: el de Enrique, estudiante de Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico Nacional de México campus Veracruz.
Como muchos jóvenes en su situación, usaba el servicio como una fuente de ingresos para costear su carrera. Ese día perdió su vehículo y recibió una multa que superó los 120 mil pesos para poder recuperarlo.
Días después, endeudado, logró pagar más de 60 mil pesos con descuento incluido para sacar el carro del corralón. Una historia que no es solo un número en un expediente, sino la de alguien que intentaba trabajar de manera legítima, a ojos de muchos, y terminó pagando un precio altísimo por ello.
Los propios conductores afectados denunciaron algo que los dejó con mal sabor de boca: en al menos uno de los casos, un usuario habría solicitado el servicio de manera intencionada para después coadyuvar con la autoridad y facilitar la detención del conductor. Una práctica que, de confirmarse, habla de los métodos utilizados durante estos operativos.
Desde el ámbito jurídico, la postura de varios abogados consultados es clara: los operativos contra conductores de Uber, Didi e InDrive son ilegales, ya que quienes manejan estas plataformas no estarían cometiendo ninguna irregularidad desde una perspectiva legal.
El problema, dicen, es que dar la batalla en los tribunales es un proceso largo y caro, lo que pone a los conductores en una posición muy difícil: tienen razón, pero les cuesta ejercerla.
Esta tensión entre lo que dice la ley vigente, lo que aplican las autoridades locales y lo que ofrecen las plataformas tecnológicas no es nueva ni exclusiva de Veracruz. En varias ciudades del país se ha librado el mismo debate, y la solución casi siempre ha pasado por la regulación, no por la prohibición.
Consciente de que el vacío legal es parte del problema, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que enviará al Congreso local una iniciativa de ley para regular el servicio de transporte por plataformas digitales en la entidad.
Un punto importante del anuncio es lo que la iniciativa no contempla: no se trata de convertir a los conductores de aplicaciones en taxistas ni de otorgarles concesiones de taxi.
La propuesta apunta a la creación de un esquema de permisos específicos y lineamientos propios para que puedan operar de manera formal y dentro del marco legal.
Es decir, se reconocería que el transporte por aplicación es una figura distinta al taxi convencional, con sus propias reglas, lo cual sería un avance significativo para un sector que hasta ahora opera en una especie de limbo jurídico.
Mientras llega esa regulación, la realidad en las calles de Veracruz y Boca del Río sigue siendo la misma: hay usuarios que prefieren las aplicaciones por comodidad, precio y seguridad; conductores que asumen el riesgo de ser detenidos para generar un ingreso; y autoridades que aplican la normativa vigente en medio de un debate que todavía no tiene resolución definitiva.
Lo que sí quedó claro con los operativos de finales de junio es que la situación no puede seguir indefinidamente en este punto muerto.
El caso de Enrique, el estudiante del Tecnológico Nacional que terminó endeudado por manejar una aplicación, es el rostro más humano de una discusión que va mucho más allá de tarifas y permisos: tiene que ver con el empleo, la tecnología y la forma en que el marco legal se adapta, o no, a los cambios que ya son parte de la vida cotidiana de los veracruzanos.
La pelota está ahora en el Congreso local. La iniciativa gubernamental podría ser el primer paso para que conductores y plataformas operen con certeza jurídica en Veracruz, aunque los tiempos legislativos y los intereses del algunos sectores harán que el camino no sea sencillo.
