Bajo una intensa lluvia y sin intención de dar un paso atrás, decenas de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se plantaron este miércoles frente a la Oficina Regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Veracruz para exigir que intervenga en defensa de sus pensiones, que fueron drásticamente recortadas tras la aprobación de la reforma al artículo 127 de la Constitución.
Los afectados entregaron un documento formal de queja ante el organismo, dejando constancia de que consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados por una decisión legislativa que, desde su perspectiva, los dejó desprotegidos después de décadas de servicio.
Fernando Barrera Alvarado, vocero del grupo, reprochó la reforma impulsada por el gobierno federal y aprobada en el Congreso de la Unión con el respaldo de la mayoría de Morena y sus partidos aliados. Para él y sus compañeros, la narrativa oficial sobre las llamadas "pensiones doradas" es falsa y fue usada para justificar recortes injustos.
"Les llaman 'pensiones doradas' pero es una mentira que vendieron; este gobierno dijo 'no traicionar' y nos traicionó, 'no mentir' y le mintió al pueblo mexicano haciéndole creer que ganábamos pensiones millonarias".
Barrera Alvarado no llega a esta lucha como cualquier ciudadano. Tiene historia dentro de la empresa: trabajó en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde desde que concluyó su construcción, participó en las pruebas de arranque del complejo, llegó a ser jefe de Central y se jubiló en el cargo de subgerente de Seguridad Nuclear, es decir, era la persona responsable de que esa planta cumpliera con toda la normatividad necesaria para operar.
No es un jubilado cualquiera; es alguien cuya trayectoria resume precisamente el tipo de perfil que, según el movimiento, merece una pensión digna.
Las cifras que maneja el movimiento son contundentes, se estima que en todo México hay alrededor de 70 mil jubilados que resienten el impacto de la reforma, mientras que en Veracruz la cifra ronda los mil. Aclaró que todavía se está construyendo una base de datos completa de todos los afectados, por lo que los números podrían crecer.
El vocero reconoció algo que muchos en el movimiento piensan pero pocos dicen abiertamente: saben que tanto el Poder Judicial de la Federación como la propia CNDH están, a su juicio, alineados con el gobierno. Sin embargo, insisten en agotar todos los recursos legales disponibles dentro del país antes de dar el siguiente paso.
"Nosotros tenemos que seguir todos los pasos legales dentro del País para lograr que se nos haga justicia, no podemos recurrir a ninguna otra instancia dentro del País, ya sino iremos a la Corte Interamericana que también hace y ha hecho recomendaciones al País".
El camino, admiten, será largo y complicado. El propio Barrera Alvarado advirtió que incluso si obtienen una resolución favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay garantía de que el gobierno mexicano la acate, dado que ya ha ignorado otras disposiciones emitidas por esa instancia internacional.
La reforma está generando un efecto secundario que preocupa a quienes conocen el sector energético: trabajadores en activo están renunciando. La razón es directa y sin complicaciones: la reforma también recortó los salarios de quienes ascienden de puesto dentro de la CFE, y ya no existe la certeza de una pensión digna al final de la carrera.
El caso más alarmante se está viviendo precisamente en Laguna Verde, donde varios ingenieros especializados han dejado sus puestos para incorporarse a empresas trasnacionales que sí les ofrecen condiciones competitivas. Se trata de perfiles técnicos de alto nivel, formados durante años en uno de los entornos más exigentes del sector energético nacional.
Las consecuencias de esa fuga de talento no son menores si se considera que Laguna Verde es la única planta nucleoeléctrica de México, y que su operación segura depende precisamente de ese tipo de ingenieros altamente capacitados. Perder cuadros técnicos en una instalación de ese tipo no es un asunto menor; es un riesgo que, según los jubilados, el gobierno parece no estar tomando en serio.
Lo que quedó claro este miércoles frente a las instalaciones de la CNDH en Veracruz es que este grupo no tiene intención de rendirse, pese a las adversidades. La lluvia no los detuvo. La percepción de que las instituciones están cooptadas tampoco. Y la posibilidad de un proceso legal interminable, mucho menos.
Los jubilados de la CFE insisten en que no están pidiendo un privilegio: están reclamando lo que consideran un derecho ganado con años de trabajo, en muchos casos en condiciones técnicas de alta exigencia y responsabilidad. La reforma al artículo 127 constitucional, desde su perspectiva, no corrigió ningún abuso; simplemente los dejó desprotegidos de un plumazo legislativo.
El siguiente capítulo de esta batalla se escribirá en los tribunales, y de no encontrar respuesta ahí, en las instancias internacionales de derechos humanos. Por lo pronto, el primer documento ya fue entregado. La lucha apenas comienza.
