Ante las versiones sobre posibles inconsistencias en la carpeta de investigación del caso del feminicidio de Monse Bendímes, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa advirtió que, de comprobarse fallas en el debido proceso, el caso podría verse afectado en instancias federales.
Señaló que, si la Fiscalía logra acreditar plenamente el delito, el acusado tendría que ser condenado.
“En caso de que sí se compruebe que sí se cometió ese delito y lo prueba la Fiscalía, será condenado”.
No obstante, indicó que si existen inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación, existe el riesgo de que el proceso penal pueda venirse abajo.
“Por supuesto que se puede venir abajo, pero eso depende de la integración, yo no he participado en ella, es lo que he leído, y eso sí puede pasar, sobre todo en el ámbito federal”.
El abogado explicó que, si hubo irregularidades en la integración de la carpeta, también pudieron presentarse fallas durante el desarrollo del juicio, situación que es revisada bajo el principio del debido proceso.
Subrayó que, aunque una persona haya cometido un delito, deben respetarse todas las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Tú autoridad tiene la obligación de demostrar ante un juez que esta persona cometió el delito, si no logra acreditarlo, el problema recae en quienes integraron la carpeta de investigación”.
Mundo Arriasa sostuvo que, en el ámbito estatal, considera probable una condena; sin embargo, advirtió que el verdadero análisis técnico y jurídico ocurrirá cuando el caso llegue a la justicia federal.
“En el estado lo van a condenar, eso me queda claro; el problema es cuando llegue a la justicia federal, porque ahí sí revisan a detalle el debido proceso, la presunción de inocencia y toda la integración jurídica del caso”.
Asimismo, explicó que la Ley General de Víctimas permite a los asesores jurídicos aportar pruebas adicionales e incluso disentir del actuar de la Fiscalía si consideran que no se está integrando correctamente el caso.
Finalmente, consideró que si la Fiscalía no logra sostener el proceso, la responsabilidad recaería en los servidores públicos encargados de integrar la carpeta de investigación.
