La reforma presidencial para poner un límite a las llamadas “pensiones doradas” de ex servidores públicos que se encuentra en la Cámara de Diputados es "inconstitucional", señalan especialistas en materia laboral, mercantil y derecho constitucional.
Los abogados, Felipe Fernández Fourzán; Alberto Oyola Hernández; y Lorena Oyola Hernández, ofrecieron una conferencia de prensa en donde señalaron que desde el punto de vista la iniciativa resulta "inconvencional" porque va en contra de lo que establece la ley.
Argumentan que en el Artículo 1 de la Constitución Política protege los derechos humanos de los mexicanos y la obligación del Estado de cumplirlos; la no discriminación, algo por lo que México ha firmado tratados internacionales.
En el Artículo 4 se refiere la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, protegiendo a la familia. Garantiza derechos fundamentales como la salud, vivienda digna, medio ambiente sano, identidad (registro inmediato), alimentación, agua, cultura y deporte, además de proteger el interés superior de la niñez.
Además, el Artículo 14 garantiza la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, el derecho al debido proceso y la exacta aplicación de la ley en materia penal, algo que no está siendo tomado en cuenta.
También el Artículo 123 consagra el derecho al trabajo digno y socialmente útil, regulando las relaciones laborales y los derechos obtenidos son irrenunciables.
"Si te pones a contemplar todos los artículos constitucionales que tenemos favorables para el gobernado y nace una reforma constitucional que va contraria a lo que ya está establecido constitucionalmente eso tiene que emplearse a estudio forzosamente porque va en contra de la Constitución", dijo Fernández Fourzán.
Sin embargo, reconoció que las pensiones que reciben algunas personas de más de un millón de pesos mensuales, como lo ha dicho la presidenta, son cantidades que resultan ofensivas para los mexicanos, dado el contexto del País.
Es posible que algunas de esas cantidades hayan sido obtenidas a través de actos de corrupción, no obstante, considera que pese a ello jurídicamente no debe de proceder la reforma y pagarán "justos por pecadores".
Indicó que es un "golpe muy duro" que se establezca un tope para las pensiones que reciben exfuncionarios, de modo que ningún pago pueda superar la mitad del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.
