Una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. (ASIPONA Veracruz), detectó presuntas irregularidades por más de 106 millones de pesos en partidas presupuestales destinadas a mantenimiento de inmuebles y servicios de vigilancia durante el ejercicio fiscal 2023.
El dictamen, emitido el 6 de febrero de 2025, revisó dos partidas específicas: la 35101 "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos", por 311.7 millones de pesos, y la 33801 "Servicios de vigilancia", por 91.8 millones, sumando un total de 403.6 millones revisados. La ASF promueve la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones correspondientes.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra que la empresa Consorcio de Ingeniería y Construcción Aplicada, S.A. de C.V., subcontrató el 89.2% de los trabajos sin autorización, incumpliendo la Ley de Obras Públicas. También se identificó un presunto daño al erario por 114 mil pesos por pago en exceso de concreto premezclado, además de más de 11.1 millones por conceptos de obra no acreditados en suministro ni instalación, y 3 millones adicionales por pagos sin evidencia documental.
El contrato de vigilancia por más de 91.8 millones de pesos también fue observado, al no acreditarse la prestación efectiva del servicio por parte de la empresa Sepiver, S.A. de C.V. La ASF señaló incumplimientos a la Ley Federal de Presupuesto, la Ley de Seguridad Privada y a diversas cláusulas contractuales.
El dictamen destaca además diferencias por 39.5 millones de pesos entre lo devengado y lo modificado presupuestalmente, falta de autorización para el uso de recursos en 19 contratos, pagos efectuados en ejercicios fiscales distintos a los autorizados y documentos duplicados como evidencia.
La ASF concluyó que ASIPONA Veracruz no cumplió con las disposiciones legales y normativas en la adjudicación, contratación y pago de bienes y servicios, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y patrimoniales contra servidores públicos.
