La investigación por la muerte de Aranza Aidelany, una niña de siete años que recibió un disparo durante un operativo de seguridad con helicóptero, en Matamoros, Tamaulipas, está próxima a pasar a una nueva etapa procesal, informó el fiscal general de Justicia del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, al confirmar que tiene certeza de que uno de los policías que participaron disparó contra la menor que murió durante los hechos.
El funcionario confirmó que existen avances importantes en las indagatorias y que los elementos de la Guardia Estatal que participaron en los hechos están identificados y localizables, mientras la Fiscalía reúne los datos de prueba necesarios para proceder legalmente.
El caso ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando la menor viajaba con su familia por una zona de Matamoros, en medio de un operativo de seguridad relacionado con la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez.
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De acuerdo con los resultados de los peritajes balísticos dados a conocer por la Fiscalía, el proyectil calibre 7.62 que causó la muerte de la niña procedía de un helicóptero de la Guardia Estatal.
La investigación busca establecer quién tenía bajo su resguardo el arma larga relacionada con el disparo y determinar las responsabilidades individuales de los participantes en el operativo.
Govea Orozco explicó que los tripulantes de la aeronave continúan bajo investigación administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través del área de Asuntos Internos.
Aunque los agentes están identificados y localizables, ninguno ha sido puesto a disposición de un juez por estos hechos.
El fiscal señaló que las actuaciones administrativas también serán incorporadas a la carpeta de investigación para complementar las diligencias ministeriales.
“Estamos muy próximos a la judicialización del caso”, declaró durante una entrevista con Milenio.
También explicó que la Fiscalía ya recabó entrevistas, incluida la declaración de Claudia Pardo, madre de la menor, quien resultó herida durante el mismo episodio.
Además, se analizan videos y otros elementos digitales para corroborar las versiones de los testigos y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió la agresión.
Aseveró que la Fiscalía mantiene comunicación con autoridades consulares debido a que integrantes de la familia tienen nacionalidad estadounidense.
