Entre más analizamos los intentos de alcanzar la paz en cualquier parte del mundo, más evidente es que frente a los discursos a favor de la paz, las actitudes de los protagonistas muestran todo lo contrario, o sea el interés de mantener vivo el conflicto para proteger intereses económicos.
En los programas de estudio de la carrera de economía, -en las universidades-, con toda claridad se describe cómo una de las variables del desarrollo de algunos países que tienen fuerte tendencia a la vocación militar, se sustenta en la “economía de guerra”.
Siempre, -desde hace milenios-, las guerras han tenido un fin económico. Cuando un país pretende apoderarse de las riquezas de otro, se crean rituales sustentados en el patriotismo, que es la forma de manipular emocionalmente a la población para que se comprometa a luchar en contra del país enemigo y así surgen los grandes mitos históricos.
En la narrativa que rodea a la guerra entre Rusia y Ucrania crece el objetivo de evitar la “tercera guerra mundial”, pero en el fondo hay intereses para mantener las hostilidades, pues detrás de la economía de guerra está la venta de armas, de equipo bélico y el interés de apoderarse de la riqueza natural del territorio en disputa.
Estados Unidos y Rusia están en busca de los minerales raros que tiene Ucrania y ello estuvo presente en la pasada mesa de negociación entre los presidentes Trump y Zelensky, como pago por la ayuda militar prestada por el gobierno norteamericano a lo largo de tres años de guerra.
A su vez, hay analistas europeos que alertan que Zelensky, -aunque quisiera la paz-, pudiera estar deseando no alcanzarla para poder mantenerse en el poder, pues mientras el conflicto con Rusia esté abierto, las leyes de ese país prohíben convocar a elecciones.
A su vez, Putin ha incrementado su popularidad a partir de la invasión a Ucrania, llegando hasta un 85%
A su vez, las exigencias de Donald Trump para que Estados Unidos sea compensado con la explotación de minerales raros abundantes en Ucrania, han sido externadas de forma clara y evidente. Este tema ha sido parte de la negociación para seguir apoyando a ese país frente a Rusia.
En la lucha que conjuntamente sostienen el Gobierno de México y el de Estados Unidos en contra del narcotráfico… ¿No estará sucediendo lo mismo?... a final de
cuentas la industria norteamericana del armamento requiere de compradores ubicados en este lado de la frontera. Nunca vemos que el gobierno norteamericano haga redadas importantes para desarticular a las redes de distribución de droga y fentanilo que hay dentro de su país y que deben estar monopolizadas por ciudadanos norteamericanos.
Por parte del lado mexicano el contubernio entre algunos poderosos políticos y los cárteles deja grandes cantidades de dinero. Otros políticos no quieren que acabe este contexto, pues los cárteles seguramente financian sus carreras políticas.
Si además analizamos el impacto del dinero sucio en la economía de nuestro país, -como capitalizador de dólares-, vemos que su presencia es muy importante. Se ha descubierto que de las cuantiosas remesas de dólares que llegan a México, un alto porcentaje, -quizá el 25%-, es dinero del narcotráfico que regresa a nuestro territorio disfrazado como envío de remesas de los migrantes a sus familiares.
Si añadimos a este contexto todo el dinero que los narcotraficantes han invertido en la economía formal del país, -colocado en empresas que realizan operaciones lícitas-… ¿qué impacto podría tener en la economía de México la desarticulación de los grandes cárteles?
Los intereses económicos parecen contradecir a los discursos moralistas en contra de la guerra que se expande por todo el mundo y en el combate contra el narcotráfico.
Muchos intereses económicos obstruyen los acuerdos de paz… mientras tanto, muere mucha gente inocente.
EL AUSCHWITZ MEXICANO
El impacto mediático referente al descubrimiento del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, -en Jalisco-, ha tomado desprevenido al gobierno federal.
Parece ingenuo suponer que los encargados de la seguridad del país no tenían noticias de la existencia de este tipo de instalaciones criminales. Las llamadas anónimas a las autoridades alertando de su existencia son frecuentes, pero son recibidas con desinterés. Lo inaudito es que el impacto noticioso no sólo sacudió a México, sino a los medios de comunicación extranjeros y eso fue lo que sorprendió a nuestras autoridades.
La salida a la prensa del fiscal Gertz Manero, -responsable de la FGR-, tiene mucho significado.
Tras varios años de estar ausente del acontecer criminal, salió a informar que fincarán responsabilidades a las autoridades del Estado de Jalisco, entidad federativa gobernada por MC, -o sea por la oposición-, lo cual muestra la politización del caso, para deslindarse de ello.
Efectivamente la Fiscalía de Jalisco tiene responsabilidad y merece pagar las consecuencias pues desde septiembre pasado estaba bajo su resguardo.
Sin embargo, esto rebasa al ámbito estatal y es parte de las responsabilidades de la FGR y del gobierno federal.
MIEDO A DENUNCIAR
El funcionario público de alto nivel siempre está sobreprotegido por la estructura de gobierno. Con el cargo recibe también privilegios como auto y chofer pagado por su dependencia y por tanto, desconoce la vulnerabilidad que siente el ciudadano cuando se enfrenta a la delincuencia y desconfía de las autoridades, que podrían estar coludidas o solapando a sus agresores.
La respuesta fácil y cómoda del funcionario exigiendo que el ciudadano denuncie es irresponsable. La mayor parte de los delitos no se denuncian por miedo y por tanto, las cifras de delitos en México no son confiables.
La expectativa de no incomodar a quienes tienen privado de la libertad a un familiar, -esperando que pronto lo liberen-, reprime el deseo de denunciar.
Es cómodo y favorable para cada nivel de gobierno hacer como que si no existe denuncia de la víctima, el delito no sucedió.
