Transparencia Internacional, una organización muy prestigiosa con base en Alemania, que desde hace muchos años mide la percepción de la corrupción en el sector público en 180 países, a través de la opinión de especialistas, analistas financieros, académicos y gente de negocios, colocó de nueva cuenta a México como uno de los países más corruptos del mundo, en la posición número 126.
Sí, escuchó usted bien, 126 entre 180 países, es decir, peor imposible.
Periódicamente distintas organizaciones han tratado de identificar dónde se presentan las mayores incidencias, y son varias las áreas de mayor corrupción. Por ejemplo, mientras que casi el 58% de los mexicanos percibe el problema como grave, la mayor parte señala que se presenta en actos relacionados con la seguridad pública, es decir, con policías o con militares, y luego en la gestión de trámites, permisos y licencias.
Un segundo bloque tiene que ver con las decisiones de contratación en la obra pública y de adquisición de equipos informáticos, entre otros bienes y servicios.
En suma, entre los 35 servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno, se estima que al año se cometen unos 200 millones de actos de corrupción.
Lo que es menos claro es cuánto cuesta todo este fenómeno, pero diversos estudios calculan que entre 9 mil 500 y 32 mil millones de pesos se van en mordidas y sobornos.
El problema ciertamente es muy complejo y se ha venido agravando en estos últimos años, en especial en la dispersión del dinero, que va a las pensiones para adultos mayores o en las becas que presuntamente van dirigidas a los estudiantes. En el centro de todo este fenómeno radica, en efecto, que en México la ley no es concebida como la referencia suprema a la cual debamos sujetarnos.
Por razones muy variadas, se ha convertido en objeto de interpretación, de negociación o de transacción, que se viola o se cumple, dependiendo de otras circunstancias, pero no porque la sociedad en su conjunto asuma que cumplirla es parte del orden natural de las cosas en un país que funciona.
En este sentido, hay dos áreas de mejora relativamente factibles. Diversas experiencias internacionales sugieren que la fuente más corrosiva de ilegalidad en su vertiente económica, es decir, en la distracción de recursos públicos, la asignación ilegal de contratos de obra o la operación de servicios públicos, reside sobre todo en una arquitectura regulatoria, administrativa e institucional que es excesiva e ineficiente, reside también en la falta de profesionalización de los funcionarios que toman las decisiones públicas en estas materias, y en procesos y sistemas opacos mal diseñados
Por ejemplo, la situación en algunos estados y municipios es sencillamente desastrosa. En 25 de 32 ciudades que incluye una muestra, que hacía hace tiempo el Banco Mundial, obtener una licencia de construcción es uno de los procesos que cotidianamente lubrican más la corrupción, y de paso, explica parte el grave desorden urbano en México, porque los alcaldes en contubernio con los desarrolladores de vivienda, modifican a placer los códigos urbanos y los usos de suelo, entre otras cosas.
En materia de licencias de funcionamiento, de establecimientos y de giros comerciales, el panorama es escandaloso en la abrumadora mayoría de los municipios mexicanos. Como es comprensible, todo este miasma regulatorio se ha constituido en un incentivo muy eficaz para la corrupción de funcionarios públicos y de particulares.
En suma, durante los años de MORENA la corrupción no ha disminuido, sino que claramente ha aumentado con costos graves para las personas y para el país.
