La próxima semana darán inicio las precampañas electorales, con lo que formalmente es el arranque del proceso más grande en la historia de México para renovar la presidencia de la República, las dos cámaras federales, ocho gubernaturas estatales, más la Ciudad de México, cientos de alcaldías y treinta y un congresos locales, esa es la dimensión de la decisión que estará en manos del votante, y ante la casilla tendrá que hacerse la pregunta básica, bajo la mayoría de los indicadores importantes, ¿estamos mejor ahora que hace cinco años?
Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente está en juego?, lo más inmediato, desde luego, es la organización, administración y celebración de las elecciones mismas, en un contexto de estabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia y credibilidad de los resultados, pero lo más trascendente para la sociedad en su conjunto, es el destino del país en términos de la preservación de su sistema democrático e institucional, de su régimen de libertades básicas y de los progresos que logre en la siguiente década para alcanzar un desarrollo humano integral y razonable para sus casi ciento treinta millones de habitantes.
La primera lectura en consecuencia, tiene que ver con el hecho de que no se trata de un evento simplemente para votar por uno o por otros, sino con el escenario real de que ese día suponga la consolidación de la democracia y de la vida institucional del país, mediante una alternancia categórica, o bien, que sea la confirmación del proceso de destrucción política y la prolongación de un régimen autocrático que se ha venido produciendo en México en los últimos cinco años.
La segunda cuestión en litigio en las elecciones del 2024, es la posibilidad de que el país progrese o no, en términos de crecimiento económico, de mejor distribución del ingreso, de mayor equidad e inclusión social, destaca en este sentido que la gestión del gobierno actual, no solo sea caracterizado por enormes daños políticos, sino también y sobre todo, por la escandalosa ineptitud en la calidad y competencia de la gestión pública, basta ver la reacción de los gobiernos federal y estatal ante la catástrofe de Acapulco para darse cuenta, otros ejemplos también son numerosos y van desde la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta la ocurrencia de construir una nueva refinería en tiempos de un cambio global hacia las energías limpias y renovables, o de poner en marcha sin ninguna planeación estratégica ni operativa, sin ningún estudio de factibilidad, etcétera, como lo están haciendo actualmente.
En todos esos casos, el denominador común ha sido la absoluta discrecionalidad del Ejecutivo para gastar dinero del contribuyente, combinada con la carencia de preparación y de rigor técnico para tomar decisiones complejas y sofisticadas, y la incompetencia para manejar entidades públicas, estas son solo algunas de las realidades puras y duras que hoy describen la coyuntura mexicana, por tanto, la disyuntiva a la que se va a enfrentar el votante el 2 de junio del 2024, será si quiere que con su decisión, que estas diversas crisis continúen, empeoren y que se colapse el régimen de libertad, desde democracia y vida institucional, o bien, que haya un cambio efectivo, positivo y constructivo en el gobierno, optando por una alternativa diferente que ofrezca mayores posibilidades de prosperidad, de bienestar y de calidad de vida para sus familias.
Es mucho lo que está en juego, y quizá lo más importante, es que en las manos de los ciudadanos estará lograr la concordia, la recuperación y el bienestar de México en las próximas décadas, de otra forma estaremos cerca de ser un país fallido.
