Una de las amenazas más graves, quizá la más grave, que está padeciendo la población que viven los estados y municipios mexicanos, es, por una parte, el aumento de la inseguridad y la violencia expresada, entre otras incidencias delictivas, en la escandalosa cifra de homicidios dolosos que todos los días reportan los informes oficiales y por otra, en la ilusión de que todo se va a resolver mediante el uso de las Fuerzas Armadas en un número variado y creciente de actividades.
El dramático asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno hace unos cuantos días es la demostración palpable de que hay estados en donde de plano se ha perdido la gobernabilidad, o bien, que confirma que desde hace casi cinco años hay un contubernio, una complicidad del gobierno federal con la delincuencia organizada en distintas partes del país. El problema es que ninguno de esos niveles de gobierno entiende realmente la dinámica de la inseguridad y la violencia y por ende, no tienen estrategia alguna que funcione. Es una situación escandalosamente grave.
La evidencia disponible en México y en muchas partes del mundo indica que suponer que militarizando las calles, las ciudades o las carreteras es una estrategia destinada al fracaso y el remedio resultará mucho peor que la enfermedad, veamos las cosas con detenimiento:
La primera es que en México existen alrededor de 2,000 corporaciones que realizan siete tipos de funciones policíacas, desde las policías municipales hasta el ejército y la marina, que agrupan en conjunto a unos 400,000 elementos aproximadamente. Como es lógico, en un país de baja institucionalidad como México, es imposible orientar la acción de todas ellas de manera coordinada, transparente y eficaz, independientemente de otros problemas operativos y de agencia que se presentan todo el tiempo, este es un panorama que se ha vuelto cotidiano y cuya dimensión real no conocemos, puesto que, de acuerdo con el INEGI, apenas se denuncia el 10% de los delitos que se cometen sin una estrategia efectiva. Ahora hay que añadir la enorme confusión de la llamada Guardia Nacional, y la pregunta central sigue siendo si, ¿ser eficaz para reducir sustancialmente la grave inseguridad en México? Lo más probable es que no.
La segunda duda es, si en el caso mexicano, ¿las fuerzas armadas son competentes y eficaces para mitigar el problema? No parece ser el caso y su gran deficiencia es que no están hechas para desempeñar tareas de seguridad pública, no lo saben hacer, no están preparados y su lógica de operación, que es militar, puede llevar excesos, violaciones y corrupción como de hecho ha ocurrido y ocurre.
El tercer problema, además de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, es la alta probabilidad de corrupción e impunidad. Es difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las Fuerzas Armadas, porque se llevan en el oscuro sistema de justicia militar, pero una organización Civil reportó que de 2015 a 2020 se denunciaron en México casi 34,000 delitos relacionados con brutalidad policíaca o militar, de los cuales solo 373 fueron judicializados y 172 nada más concluyeron en una sentencia condenatoria, es decir, el índice de presunta impunidad es de 99.5% para los ilícitos cometidos por parte de policías o integrantes de las Fuerzas Armadas.
Hechos como estos no son aislados, los ejemplos son numerosos y crecientes y existe en serio riesgo de que aumenten, básicamente porque la misión de los militares no es realizar funciones de policía y mucho menos en México, donde el ejército y la marina son instituciones importantes en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, pero otra cosa muy distinta es la eficacia en las políticas de seguridad pública y en la integridad de personas, familias y patrimonios y este es justamente, el terreno que es el que más le importa a la gente en donde es claro que están fallando.
