Nuestras leyes están contaminadas, saturadas de ingredientes que nada tienen que ver con su esencia. Han perdido su naturalidad. Perdón la rudeza, pero son un bodrio (mezcla de doctrinas heterogéneas), una monserga (estorbo que impide el desarrollo pleno de la sociedad).
¿Por qué nos es tan difícil deslindar lo bueno y lo malo en la política? ¿Por qué al hacer leyes se nos olvida orientarlas al bien común? ¿Por qué ni siquiera hemos definido con claridad el ámbito de lo jurídico?
Hidalgo hablaba de una acción legislativa lenta y parsimoniosa, con una realidad compleja. Morelos, en Los sentimientos de la Nación, proponía ordenamientos que, con la mayor prisa atenuaran la opulencia y la miseria. En esas andamos, deambulando de un extremo al otro. Un México legal plagado de fantasías y otro real, cundido de impunidad, miseria y violencia.
Ejemplos sobran. La paridad de género deterioró el desempeño de las instituciones; la reforma del otrora Distrito Federal desarticuló y atrofió el gobierno de la ciudad; la ambivalente legislación del sector energía nos ha llevado a una grotesca dependencia de nuestros vecinos; el derecho penal y la correspondiente readaptación social padecen una mayúscula deficiencia; la administración pública está atorada por una abigarrada maleza de códigos; el servicio civil de carrera fue triturado sin miramiento alguno; el juicio de amparo fue despojado de su eficiencia; el derecho agrario creó un tremendo lío en el campo; el laboral se convirtió en un instrumento de extorsión; el federalismo ha sido una vil patraña; nuestra Constitución perdió la escasa respetabilidad que tenía.
El mayor desafío hoy es la reconstitución del Estado de derecho, comenzando por nuestro sistema jurídico-político de república representativa, democrática, federal y laica, así como nuestro régimen presidencial.
Nuestra realidad exige una cultura de la legalidad. Sin ella, toda reforma será inocua. Entre el siglo III y IV de nuestra era, el jurista romano Hermogeniano nos dio en siete palabras un principio elemental: “Por causa del hombre existe el derecho”. Esto es, hay un pecado original, hay una materia prima imperfecta, hay una arcilla a la cual se le deben suavizar sus protuberancias para alcanzar una siempre frágil armonía.
Hoy es prioritaria la normatividad del acceso al poder público y la contienda correspondiente. Nuestro derecho electoral no está politizado. De estarlo, su fin sería el bienestar de la polis. Está partidizado, orientado a la protección del partido en el poder. Sus violaciones no se persiguen de oficio como correspondería a una prescripción cuyo valor a proteger es la persona, sus derechos como ciudadano para que se conforme una voluntad general. Por el contrario, cuida la preeminencia de un grupo, camarilla, elite, cerrada y excluyente. Ese es su principal extravío.
Desde la ley del presidente Madero de 1912 no hemos dejado de regular nuestra democracia. Tres intentos fueron relevantes. Debido a que en 1976 hubo un solo candidato a la Presidencia de la República, con sentido de responsabilidad se hizo una reforma de franca apertura el año siguiente. En 1989, con el arribo de un presidente cuestionado, se dio la segunda reforma y, en 1995, a raíz de la crisis económica, se culminó un andamiaje jurídico que permitió la alternancia.
En 2007, para nuestro infortunio, iniciaron cambios regresivos que nos tienen hoy en una gran crisis. A las malas maniobras legislativas se agregó la integración arbitraria de los órganos administrativos y judiciales encargados del proceso electoral. Muchos perciben ya una tragedia: que las soluciones vengan de fuera. Hay muchas cuestiones pendientes en los organismos externos.
Hasta aquí mi personal aportación con el diagnóstico. La solución es asunto de todos.
