El 18 de octubre de 2019, Chile vivió una de las jornadas de protestas más importantes de su historia reciente, cuando las manifestaciones contra el aumento de la tarifa del Metro de Santiago derivaron en disturbios, incendios y movilizaciones masivas que se extendieron por distintas ciudades del país.
El llamado estallido social comenzó tras varios días de evasiones del pago del transporte público protagonizadas principalmente por estudiantes, en rechazo al incremento de 30 pesos chilenos en el pasaje del Metro. Sin embargo, las manifestaciones pronto incorporaron reclamos relacionados con la desigualdad económica, las pensiones, la salud, la educación y el costo de vida.
La jornada del viernes 18 de octubre estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incendios en estaciones del Metro, saqueos y daños a infraestructura pública y privada. El transporte subterráneo de Santiago suspendió sus operaciones y el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en sectores de la capital, con el despliegue de militares en las calles.
El conflicto se extendió a otras regiones y llevó al gobierno a decretar medidas de emergencia. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas, con demandas que iban más allá del transporte y cuestionaban las condiciones de vida, la distribución de la riqueza y la respuesta de las instituciones.
La crisis también estuvo marcada por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos durante la actuación de las fuerzas de seguridad. En su balance publicado en octubre de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reportó 3 mil 247 querellas presentadas por la institución, correspondientes a denuncias de 3 mil 842 víctimas. De esas querellas, 68 habían concluido con sentencias condenatorias.
El estallido social abrió un proceso político para redactar una nueva Constitución. En octubre de 2020, el 78.27 por ciento de los votos favoreció iniciar ese proceso. Sin embargo, la propuesta constitucional sometida a votación en septiembre de 2022 fue rechazada por el 61.86 por ciento de los electores. Una segunda propuesta también fue rechazada en el plebiscito de diciembre de 2023.
Al cumplirse siete años de las protestas, el estallido social continúa siendo un referente para entender las tensiones políticas y sociales de Chile. Sus consecuencias abarcan desde el debate sobre las desigualdades y las demandas ciudadanas hasta las investigaciones por violencia, la reparación a las víctimas y los intentos fallidos de reemplazar la Constitución.
El 18 de octubre de 2019 quedó registrado como una fecha decisiva en la historia reciente del país: una protesta originada por el aumento del transporte público que se convirtió en una crisis nacional y abrió un debate sobre el modelo social, político y económico chileno.
mb
