La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las finanzas del gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, ante un presunto desvío de 93 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Rural.
La legisladora planteó que el órgano fiscalizador revise el manejo de los recursos públicos destinados a esta dependencia y determine si existieron irregularidades en su ejercicio.
De acuerdo con el señalamiento de García, el monto observado ascendería a 93 millones de pesos, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen una revisión exhaustiva de la documentación financiera y administrativa relacionada con estos recursos.
“¿Pero dónde terminan los otros 47 millones de pesos? No hay ninguna justificación técnica ni insumos comprobables que respalden esta terrible brecha de corrupción nuevamente… Y bueno, el sello final de este descaro es el domicilio fiscal de la contratista, fíjense. Un inmueble desmantelado y reportado como cerrado de manera permanente en la carretera Puebla-Cuautla. ¿Qué hace este domicilio fiscal si nosotros somos oaxaqueños y oaxaqueñas?”, exhibió la legisladora.
La diputada del PT sostuvo que la fiscalización debe permitir determinar dónde fueron ejercidos los recursos, quiénes participaron en su administración y si el dinero fue utilizado para los fines establecidos.
“Y que por eso le estoy pidiendo desde este espacio a nuestro querido auditor, al licenciado Aureliano Hernández Palacios, para que se haga la auditoría responsable porque este recurso federal, ¿sí? Y que no podemos permitir que todo este dinero quieran maquillarla”, solicitó Margarita García.
La solicitud ocurre en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en Oaxaca, por lo que la intervención de la ASF permitiría establecer si existe algún daño al erario y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
El señalamiento corresponde a un presunto desvío, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones y auditorías para determinar si se cometieron irregularidades y quiénes serían responsables.
Margarita García insistió en la necesidad de transparentar el uso del presupuesto público y que cualquier anomalía detectada sea investigada por las instancias correspondientes.
La eventual revisión de la ASF podría derivar en observaciones, solicitudes de aclaración o procedimientos administrativos, dependiendo de los resultados que arroje la fiscalización.
