En un caso que las autoridades estadounidenses consideran un golpe significativo contra el suministro ilegal de armamento a grupos delictivos, la investigación señaló que Fernando Daniel Castro era el presunto líder de la célula, encargada de adquirir armas de fuego en establecimientos autorizados de Estados Unidos mediante compras aparentemente legales para, posteriormente, revenderlas de manera ilícita e introducirlas al territorio mexicano.
Las autoridades detallaron que la organización operaba mediante la adquisición sistemática de armamento en comercios con licencia federal, utilizando diversos mecanismos para evitar levantar sospechas. Posteriormente, las armas eran traficadas a través de la frontera con destino a México.
La Fiscalía de Arizona informó que los 28 acusados enfrentan diversos cargos relacionados con conspiración, tráfico ilegal de armas y otros delitos federales derivados de la operación de esta red.
El caso forma parte de los esfuerzos conjuntos de las autoridades estadounidenses para combatir el flujo ilegal de armas hacia México, un fenómeno que ha sido señalado por ambos gobiernos como uno de los principales factores que fortalecen la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización y la posible participación de más personas vinculadas a la red de tráfico de armas.
