Un reciente fallo judicial podría cambiar la forma en que operan los servicios de grúas y corralones en México. Un juez concedió un amparo a un automovilista que se negó a pagar los costos de arrastre y resguardo de su vehículo, al considerar que nunca contrató ese servicio.
El caso ocurrió en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde tras un accidente de tránsito las autoridades ordenaron el traslado del vehículo al corralón. Días después, cuando el propietario acudió a recuperarlo, le exigieron el pago de la grúa, el arrastre y la pensión para poder liberarlo.
Sin embargo, el afectado promovió un juicio de amparo y obtuvo una resolución favorable. De acuerdo con el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quien dio a conocer el caso, el juez determinó que una empresa privada no puede cobrar por un servicio que el ciudadano nunca solicitó, ya que fue la autoridad quien ordenó el traslado de la unidad
El especialista explicó que, bajo este criterio, el costo del servicio debería ser asumido por la autoridad que requirió la grúa y no por el propietario del vehículo.
Aunque la resolución corresponde a un caso específico en el Estado de México, De la Garza señaló que el criterio podría ser utilizado por ciudadanos de otras entidades, incluido Veracruz, para impugnar cobros similares mediante un juicio de amparo.
Preparan formato gratuito de amparo
Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia, la asociación civil Perteneces, encabezada por el abogado, anunció que en los próximos días pondrá a disposición del público un formato gratuito de amparo. El documento podrá descargarse, llenarse con los datos del caso y presentarse ante un juzgado federal, evitando que los afectados tengan que contratar un abogado para iniciar el procedimiento.
De acuerdo con el jurista, una vez presentada la demanda, un juez federal podría conceder una suspensión provisional que ordene la entrega del vehículo sin exigir el pago de los servicios de grúa o corralón, mientras se resuelve el fondo del asunto.
El criterio no aplica en todos los casos
El abogado aclaró que este criterio únicamente aplica cuando la grúa fue solicitada por la autoridad tras un accidente o una intervención oficial. Si el propietario del vehículo contrata voluntariamente una empresa de grúas, sí existe una relación contractual y, por lo tanto, está obligado a cubrir el costo del servicio.
De la Garza consideró que esta resolución representa un precedente importante para combatir los cobros excesivos y posibles abusos en el servicio de grúas y corralones, donde, afirmó, algunos automovilistas llegan a pagar decenas de miles de pesos para recuperar sus vehículos.
