Las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el lavado de dinero y cárteles del narcotráfico no solo tienen implicaciones financieras, sino que también podrían traducirse en afectaciones para la economía de las familias mexicanas, afirmó el especialista en seguridad Ghaleb Krame.
En entrevista, el experto señaló que estas acciones forman parte de una estrategia que Washington ha aplicado desde hace varios años para identificar y sancionar a personas físicas y morales relacionadas, de manera directa o indirecta, con actividades del crimen organizado.
"Es otro grupo de empresas que han venido siendo sancionadas por lavado de dinero y por vínculos con el narcotráfico", explicó.
"México sigue un paso atrás"
Krame consideró que, pese a las investigaciones emprendidas por las autoridades estadounidenses, en México no se observa el mismo nivel de acciones penales contra los presuntos responsables.
Como ejemplo, mencionó el caso de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien —dijo— no enfrenta un proceso penal en el país.
A su juicio, las investigaciones sobre lavado de dinero suelen avanzar únicamente después de que Estados Unidos hace públicos sus señalamientos.
"Pareciera que nos quedamos siempre un paso detrás o que no hay investigaciones suficientes", comentó.
Advierte que la impunidad favorece estos delitos
Durante la entrevista, el especialista sostuvo que el principal problema en México no es únicamente la corrupción, sino la impunidad.
Explicó que mientras los delitos no sean castigados de manera efectiva, quienes participan en actividades ilícitas perciben un bajo riesgo de enfrentar consecuencias legales.
"Cuando la ley se aplica, el costo de cometer un delito aumenta. Mientras exista impunidad, ese costo prácticamente desaparece", señaló.
¿Cómo afecta esto a la población?
Para Ghaleb Krame, las consecuencias alcanzan directamente a los ciudadanos, incluso a quienes no tienen relación con la delincuencia organizada.
Afirmó que delitos como la extorsión, el cobro de piso y el narcotráfico generan un incremento en los costos de diversos productos de consumo diario.
"Lo que pagamos en el supermercado se encarece por estos fenómenos. Es un costo que termina absorbiendo toda la población", sostuvo.
Asimismo, consideró que la percepción de inseguridad y la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado podrían influir en decisiones de inversión y en la llegada o permanencia de empresas en México.
Finalmente, llamó a dar seguimiento a las investigaciones que se desarrollan tanto en México como en Estados Unidos, al considerar que podrían surgir nuevos elementos relacionados con redes financieras y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
