La muerte de la activista e investigadora anticorrupción polaca Monika Silva Koniuszek, de 41 años, ha generado controversia en Ecuador luego de que la autopsia descartara la versión inicial de un supuesto suicidio y concluyera que se trató de una muerte violenta.
Silva Koniuszek fue hallada sin vida en su vivienda de Montañita, en la provincia de Santa Elena, mientras realizaba una auditoría sobre empresas vinculadas a la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
Tras el hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que existían elementos para considerar una muerte voluntaria. Sin embargo, el informe forense determinó posteriormente que la activista falleció por un fuerte golpe en la cabeza y asfixia mecánica por estrangulamiento.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que el crimen pudo haber tenido como objetivo silenciar las investigaciones que realizaba sobre presuntos casos de corrupción, delitos ambientales y posibles vínculos con cargamentos de droga ocultos en exportaciones de banano relacionadas con el conglomerado empresarial de la familia Noboa.
De acuerdo con personas cercanas a la investigadora, antes de morir analizaba expedientes sobre decomisos de cocaína en cargamentos de plátano y había denunciado supuestos obstáculos dentro del sistema judicial ecuatoriano para avanzar en esas indagatorias.
Sus allegados también afirmaron que había recibido amenazas de muerte y enfrentaba procesos judiciales derivados de sus denuncias. Además, aseguraron que poco antes de fallecer entregó documentación y pruebas a la embajada de Estados Unidos en Quito como medida de resguardo.
La activista también investigaba denuncias sobre una presunta red de tráfico ilegal de tierras en la provincia de Santa Elena. Organizaciones civiles han exigido una investigación independiente para esclarecer el caso y determinar a los responsables de su muerte.
Información: France24
