Más de 350 científicos e investigadores de 30 países han alertado contra las soluciones que existen en la actualidad para verificar la edad para acceder a determinados servicios en internet, y han advertido de que pueden causar más perjuicios que beneficios.
Los investigadores y científicos, especializados en ámbitos como el de la seguridad y la privacidad, han suscrito una 'carta abierta' en la que solicitan además una moratoria en la implantación a gran escala de las tecnologías de verificación de la edad mientras no existe un consenso científico sobre su eficacia, su viabilidad técnica y los impactos en seguridad, privacidad, igualdad y libertades fundamentales.
Se han adherido a la carta, cuyo embargo se ha levantado hoy, 371 investigadores o científicos de 30 países, entre ellos 24 españoles pertenecientes a varias universidades, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a institutos de investigación o empresas especializadas en seguridad de dispositivos y aplicaciones móviles.
Los investigadores constatan y comparten en la misiva su preocupación por la protección de los menores frente a los contenidos dañinos, pero alertan de que los sistemas actuales pueden sortearse mediante 'VPN' (herramientas que encriptan el tráfico en internet y ocultan la dirección real desde la que se accede), cuentas prestadas o compradas, credenciales falsas o herramientas de inteligencia artificial.
Los usuarios que resulten bloqueados tenderán a desplazarse a plataformas menos reguladas, potencialmente más inseguras, según los investigadores, que han incidido en que una verificación robusta exigiría una infraestructura mundial de confianza basada en certificados gubernamentales y criptografía fuerte, cuya implantación "interoperable y global" resulta dudosa a corto plazo.
Mantienen además que no existe un consenso científico que demuestre que prohibir el acceso de menores a determinados servicios mejore su salud mental o desarrollo, y han alertado de que los sistemas actuales pueden requerir una mayor recopilación de datos personales, especialmente en métodos de estimación o inferencia de edad basados en biometría o análisis de conductas.
Entre los riesgos asociados a esos sistemas, los investigadores alertan de que las tecnologías basadas en inteligencia artificial pueden discriminar a minorías y cometer errores significativos, de que la acumulación de datos sensibles aumenta el riesgo de filtraciones y de que se produzcan 'brechas' de seguridad, y que la posible regulación o limitación de 'VPN' podría además debilitar la seguridad digital de algunos profesionales, de activistas, de víctimas de abuso o de numerosas empresas.
Los investigadores han apuntado que las personas sin una identificación digital compatible, sin los teléfonos adecuados, con una baja alfabetización digital, o las personas mayores podrían quedar excluidas, por lo que la exigencia de pruebas de edad puede incrementar desigualdades y forzar a ciertos grupos a usar soluciones inseguras o invasivas.
Tras señalar cuáles serían a su juicio los perjuicios de esos sistemas, los firmantes de la carta han planteado una moratoria en su implementación hasta que exista evidencia científica sobre los beneficios y los daños, y la realización de estudios sistemáticos de impacto en los países donde ya se aplican este tipo de controles, así como estudiar otras alternativas que sean "menos invasivas".
Y entre estas citan la posibilidad de regular las prácticas 'algorítmicas' en redes sociales, el refuerzo de las herramientas parentales y medidas dirigidas a las causas estructurales del daño en lugar de controles de acceso generalizados.
