La gobernadora Rocío Nahle García informó que existen dos órdenes de presentación pendientes contra ex integrantes de la fundación que administraba los recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), a quienes acusó de triangular y mover dinero aportado por estudiantes hacia otros fines.
Explicó que las investigaciones derivan de auditorías practicadas tras detectar irregularidades en el manejo de los ingresos por inscripciones, títulos y trámites administrativos.
“Hay dos órdenes de presentación pendientes, son dos personas que no sabemos dónde están pero van a aparecer”, afirmó.
Nahle García sostuvo que la fundación realizaba movimientos financieros irregulares.
“Esa fundación triangulaba recursos en forma irregular e incluso en forma de evasión fiscal. Sacaban el dinero de la escuela y lo movían en otros giros”.
Indicó que la Fiscalía Anticorrupción y el área de auditoría han documentado las presuntas irregularidades.
Hay que recordar que actualmente ya hay tres personas detenidas: el ex rector Sergio “N”; el ex director Administrativo, Víctor de Jesús “N”, y la ex jefa de Servicios Financieros y ex directora de Educación Superior, Frida Narayana “N”.
La gobernadora precisó que los detenidos estaban a cargo de la administración universitaria, pero que aún faltan quienes integraban la fundación.
“Estas personas detenidas son las que estaban a cargo de la administración, pero falta todavía los de la fundación, los de la asociación. Que también ya tienen orden”.
La mandataria estatal explicó que al asumir el gobierno comenzaron a recibir reportes de docentes que no estaban siendo pagados y detectaron inconsistencias administrativas.
“Empezamos a tener varias observaciones de esta universidad de que había maestros que hacían pagos y que esa fundación o asociación no pagaba o no sabíamos ni siquiera quién era”.
Agregó que incluso se borró información clave del sistema como la nómina y que ahora han contabilizado casi 500 directores en todo el estado.
Ante ello, se emitió un decreto para que la UPAV quedara bajo control total del Estado y garantizar la continuidad académica de casi 60 mil estudiantes.
“Son casi 60 000 alumnos, no los vamos a dejar al garete. Vamos, esto pasa a tener orden y control del Estado”, dijo la Gobernadora.
Detalló que se realizó una convocatoria en 12 sedes para registrar a docentes y personal, con el fin de reconstruir la nómina y verificar funciones.
Añadió que cada caso fue revisado para cotejar carga horaria y perfil académico.
“Algunos decían, ‘Yo doy 5 horas’ y resulta que nada más daban tres”.
También informó que el viernes comenzó el pago a personal administrativo y que esta semana iniciará la dispersión a docentes.
“El estado no va a permitir malas prácticas y no va a permitir impunidad y no va a permitir nada. Vamos a poner orden”.
Hay que precisar que los recursos que desde 2012 eran operados por las asociaciones Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C.
