En El Salvador priorizamos la seguridad a nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora, son los buenos, los que viven libres, sin miedo con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados, afirmó el presiente Nayib Bukele ante las Naciones Unidas (ONU)
Y es que destacó que “en El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada siempre estarán protegidas.
En su discurso, dijo que tras la implementación de su política de seguridad, “ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos siendo totalmente respetados”, en su país.
¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador?
El Salvador cerró el 2025 bajo un régimen de excepción, implementado desde 2022 para combatir a las pandillas, tras la aprobación para una prórroga de la 45 ampliación, una medida que entró en vigor desde marzo de 2022 y por medio de la cual se han detenido a más de 90 mil personas señaladas de pertenecer a organización criminal Mara Salvatrucha.
Según decreto del gobierno de ese país, el régimen de excepción fue justificado por la aún existencia de grupos terroristas que de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos.
El régimen de excepción se ha venido prorrogando en este 2025 a pesar de múltiples llamados para su derogación por parte de quienes señalan que violenta derechos humanos.
La ampliación del régimen de excepción se da a pesar de que el gobierno del presidente Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.
