El cierre de 2025 se da con estancamiento económico y retos que exigen certidumbre, inversión y seguridad, enumeró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con motivo del fin de año.
En un posicionamiento, la Coparmex señaló que “cerramos 2025 en un contexto complejo para México. La economía permanece prácticamente estancada, la inversión enfrenta alta incertidumbre, el clima institucional debilita la confianza y la seguridad sigue limitando la actividad productiva y la atracción de capital. Este cierre confirma que el principal desafío no es financiero, sino la falta de certidumbre, Estado de Derecho y condiciones que generen confianza para invertir y generar empleo formal”.
Afirma que el cierre de 2025 deja lecciones claras: México requiere certidumbre institucional, pleno respeto al Estado de Derecho y condiciones efectivas de seguridad para impulsar inversión, crecimiento y empleo formal. El bajo dinamismo económico, la caída de la inversión y la insuficiente generación del empleo formal, confirman la necesidad de reorientar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas.
Celebra que el salario mínimo haya alcanzado la línea de bienestar familiar. Sostenemos que ahora la política laboral debe concentrarse en impulsar la productividad, formalidad y capacitación; sin empresas sólidas y formales, el incremento de los costos laborales enfrenta límites estructurales.
Advierte que los recortes en salud, educación y seguridad debilitan el capital humano y la cohesión social, por lo que es indispensable una reasignación del gasto que priorice estos rubros, fortalezca instituciones y genere condiciones para un crecimiento incluyente y sostenido.
Finalmente, afirma que la seguridad sigue siendo el principal desafío ciudadano y empresarial. Fortalecer a las policías locales, mejorar la coordinación institucional y atender de manera decidida delitos como la extorsión (que continúa en ascenso) es indispensable para recuperar la confianza, proteger a quienes generan empleo.
Coparmex destaca que ha mantenido y mantendrá una participación activa y responsable con funcionarios públicos, legisladores y gobiernos estatales, impulsando el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan atender estos retos y sentar bases sólidas para el desarrollo del país.
Coparmex analiza este momento con visión de largo plazo y señala que los datos muestran un crecimiento insuficiente, menor dinamismo del empleo formal y la urgencia de reenfocar las decisiones públicas hacia el fortalecimiento de capacidades productivas, reglas claras y condiciones básicas de seguridad para personas y empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas.
Subraya un panorama económico con un crecimiento que no despega, al mencionar que en los primeros nueve meses de 2025, el PIB creció apenas 0.4% anual. En el tercer trimestre cayó 0.3% trimestral y 0.2% anual, confirmando un desempeño débil. El Indicador Global de la Actividad Económica presentó una contracción anual de 0.6% en septiembre, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica anticipa crecimiento nulo.
La inversión fija bruta cayó 8.4% anual en septiembre, acumulando 13 meses con caídas, y la confianza empresarial se mantuvo en 48.6 puntos en octubre, hilando ocho meses en terreno pesimista. Estos indicadores confirman que el principal freno al crecimiento es la falta de certidumbre para invertir.
En el contexto político, afirma que la incertidumbre y los riesgos para la inversión marcaron el 2025 por reformas estructurales que incrementaron la incertidumbre institucional, particularmente en materia judicial, defensa de los derechos y debilitamiento de las instituciones electorales. El proceso electoral y, en consecuencia, la implementación de la reforma del Poder Judicial, generaron alertas sobre la experiencia e independencia de jueces y la certeza jurídica.
Advierte que estas decisiones incrementan la percepción de riesgo, lo que se traduce en menor inversión y menor crecimiento. Además, el debate público se concentró en disputas políticas, dejando en segundo plano la construcción de acuerdos de largo plazo en temas estratégicos como seguridad, Estado de Derecho, competitividad y desarrollo regional, limitando el aprovechamiento del nearshoring.
En el contexto social, señala que el salario mínimo, el empleo formal y presión sobre la informalidad, al cierre de 2025, es un logro refleja el compromiso de Coparmex con la construcción de una Nueva Cultura Salarial, impulsada desde 2016 para promover una recuperación responsable y sostenida del poder adquisitivo de los Trabajadores, vinculando los incrementos salariales con la productividad y el crecimiento económico.
Señala que la generación de empleo formal fue insuficiente: a noviembre se han creado un promedio mensual de 54 mil 500 empleos, menor al promedio del año anterior a pesar de que ya incluyen a los trabajadores de plataformas.
Mientras que el Presupuesto de Egresos 2026, considera que conserva un enfoque asistencial que no fortalece capacidades productivas ni acompaña a las MiPyMEs; salud, educación y seguridad siguen débiles, limitando el impacto salarial y el crecimiento.
Este esquema se sostiene, además, en un elevado déficit de las finanzas públicas, financiado mediante un mayor endeudamiento, incrementando la presión sobre la sostenibilidad fiscal y reduciendo el margen para invertir de forma productiva en el mediano y largo plazo.
En salud, el gasto es de 965.7 mil millones de pesos (2.5% del PIB), lejos del 6% recomendado por la OMS; pese a más recursos al IMSS, hay recortes en la Secretaría de Salud, ISSSTE y una caída de 5.9% en COFEPRIS, con 44.5 millones de personas sin acceso a servicios médicos. En educación, el gasto sube 3.4% y la educación pública 8.6%, pero más de un tercio se destina a becas Benito Juárez (195.1 mil millones, +34.2%), sin priorizar infraestructura, docentes ni tecnología.
La inversión pública alcanza 3.2% del PIB (1.25 billones), concentrada en energía, vivienda y transporte; PEMEX recibe 1 de cada 4 pesos, restando recursos a hospitales, escuelas e infraestructura local.
Advierte que la seguridad sigue siendo un freno a la inversión y al desarrollo. Aunque el presupuesto crece 3.6% real y alcanza 212.4 mil millones de pesos, el recorte de 18.6% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reduce la capacidad operativa del Estado. Según la ENVIPE 2025, más de la mitad de la población adulta se siente insegura en su entidad, lo que encarece la operación empresarial y desalienta la inversión.