Las organizaciones empresariales y sociales de diversas partes del país firmantes condenamos enérgicamente el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público. Expresamos nuestra profunda consternación y extendemos nuestras condolencias a su familia, recordando que el alcalde había solicitado reiteradamente apoyo al Gobierno Federal para enfrentar a los grupos criminales que operan en su municipio.
Este atroz crimen no puede quedar impune. Exigimos que las autoridades aclaren los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley y que se fortalezcan las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía.
La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades. A esta tragedia se suma el asesinato de Bernardo Bravo, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre, lo que evidencia el grave deterioro de la seguridad en la región.
Pese a las recientes visitas de autoridades federales y estatales a Apatzingán, los encuentros excluyeron a sectores fundamentales, como el productivo, académico, religioso y a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, así como a los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia.
Ante este panorama alarmante, demandamos acciones inmediatas y contundentes. Es urgente que el Gobierno Federal y el del Estado de Michoacán asuman su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad y que no se permita que la población civil siga en riesgo.
Asimismo, exigimos una reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador del estado y su gabinete de seguridad, con el fin de conocer qué acciones se están implementando, cuáles son los resultados esperados y qué estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región.
El avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social. México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades.
Reiteramos nuestro llamado a trabajar unidos —Estado y sociedad— en favor de la estabilidad, la justicia y la paz. Solo mediante una acción conjunta, basada en la responsabilidad y la cooperación, podremos construir un país donde la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos sean pilares de una convivencia verdaderamente pacífica.
