La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de su hermano, uno de sus hijos y ocho exfuncionarios del organismo electoral, como parte de una investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con proveedores electorales.
De acuerdo con una investigación , las personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas mediante el acuerdo UIF/110/G/4141/2026, que también incluye a empresarios y compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre los ocho exfuncionarios del INE señalados figuran antiguos directivos de áreas administrativas, financieras y de informática, así como colaboradores cercanos a Taddei durante su gestión al frente del organismo.
Uno de ellos es Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración del INE y también habría tenido representación legal de empresas proveedoras del instituto.
La investigación financiera está relacionada con presuntas operaciones irregulares y contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, quienes mantuvieron relaciones comerciales con organismos electorales.
El caso también involucra a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
La noche del miércoles 11 de noviembre presentó su renuncia al cargo, luego de que se conociera su inclusión en la lista de personas con cuentas bancarias bloqueadas. El Gobierno de Sonora confirmó su salida.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó previamente que la UIF incorporó a 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.
La dependencia explicó que identificó operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan la revisión de las autoridades competentes. También informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
El caso está relacionado con señalamientos sobre contratos por más de 2 mil 400 millones de pesos que habrían recibido empresas vinculadas entre sí de organismos públicos electorales entre 2014 y 2025.
Milenio
