Una serie de movimientos corporativos, cesiones de acciones y otorgamiento de poderes legales en empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas quedó documentada en registros públicos, como parte de las investigaciones periodísticas sobre la red de compañías que obtuvo contratos para proveer materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE).
Una investigación publicada este lunes 9 de noviembre por El Universal, expone cómo distintas personas aparecieron como fundadoras, accionistas o representantes legales de compañías que posteriormente otorgaron derechos y facultades a integrantes de esta familia.
Entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf y Corporativo Zeg. De acuerdo con los registros mercantiles revisados por el diario, ambas realizaron movimientos que beneficiaron a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
En el caso de Cajas Graf, constituida en 1993, se documentó que en diciembre de 2021 su representante legal, Víctor Hugo Aguilar Macalpin, cedió acciones y otorgó un poder general a Raymundo Hernández Casillas.
Corporativo Zeg, constituida en 2015, también aparece en la investigación. En 2017 otorgó un poder general a Raymundo Hernández Casillas para realizar operaciones financieras y ejercer su representación legal.
El reportaje identifica además vínculos entre otras compañías y personas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, incluidos familiares y exfuncionarios electorales.
Entre las empresas mencionadas están Comercializadora JVLY, Seriplast de México y Formas Finas y Materiales. En esta última, así como en otras sociedades, aparecen personas que posteriormente tuvieron participación como representantes o socios.
La investigación también señala que en Corporativo Zeg se incorporaron representantes legales que habían ocupado cargos dentro del INE, entre ellos Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración durante la presidencia de Guadalupe Taddei, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien desempeñó funciones durante la gestión de Lorenzo Córdova.
Otro movimiento documentado ocurrió en 2024, cuando Raymundo Hernández Casillas solicitó dejar de aparecer como representante legal de Corporativo Zeg. En el trámite notarial quedó asentada una declaración en la que manifestó que no había tenido conocimiento del poder otorgado a su favor.
Estos movimientos forman parte de los señalamientos sobre una presunta red de empresas utilizadas para obtener contratos relacionados con la producción y distribución de materiales electorales.
El caso también involucra contrataciones por miles de millones de pesos en organismos electorales. Investigaciones periodísticas han identificado operaciones por 2 mil 561 millones de pesos entre compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas y autoridades electorales.
En Veracruz, el tema tiene un antecedente en las contrataciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde una investigación periodística reportó un contrato por 113 millones 778 mil pesos otorgado a Litho Formas en 2025, en una licitación en la que también participaron Cajas Graf y Formas Finas y Materiales.
Los registros de acciones, poderes y relaciones empresariales documentan movimientos corporativos, pero no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan la comisión de delitos por parte de todas las personas mencionadas.
