El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, planteó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) intervengan para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista con José Cárdenas, el legislador sostuvo que las investigaciones deben continuar para determinar si existen responsabilidades de funcionarios públicos o proveedores del organismo electoral, sin anticipar culpabilidades.
Monreal ha señalado que la salida de la consejera presidenta Guadalupe Taddei no debe impedir que las autoridades continúen con las indagatorias ni que se deslinden responsabilidades, en caso de que existan elementos para ello.
La controversia surgió tras reportes sobre presuntas irregularidades en contratos con proveedores de materiales y servicios electorales, así como posibles conflictos de interés, simulación de competencia en licitaciones y triangulación de recursos.
El 23 de octubre, la ASF informó que inició una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos. El organismo fiscalizador señaló que cuenta con indicios relacionados con contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y movimientos de recursos que deben ser esclarecidos.
La revisión contempla operaciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), además de empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los contratos bajo análisis.
Entre los señalamientos difundidos públicamente figuran empresas vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. También se han mencionado posibles relaciones entre proveedores y personas que ocuparon cargos administrativos en el organismo electoral.
Estos señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial de culpabilidad. Corresponde a las autoridades reunir pruebas y establecer si hubo conductas ilegales.
Monreal planteó que las investigaciones avancen conforme a las atribuciones de cada institución:
Auditoría Superior de la Federación: revisar el uso de recursos públicos y las contrataciones sujetas a fiscalización, así como determinar posibles responsabilidades dentro de su competencia.
Unidad de Inteligencia Financiera: analizar operaciones financieras que pudieran presentar indicios de irregularidades y actuar conforme a sus facultades legales.
Fiscalía General de la República: investigar posibles delitos federales si existen elementos que justifiquen su intervención.
Órgano Interno de Control del INE: revisar posibles faltas administrativas y procedimientos relacionados con el funcionamiento del instituto.
La participación de estas dependencias no implica que todas las personas señaladas hayan cometido delitos; los resultados deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
El planteamiento de Monreal se produjo después de que Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de los cuestionamientos por las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores del organismo.
La salida de la consejera presidenta abrió también el proceso para definir quién concluirá el periodo al frente de la institución. Sin embargo, el cambio en la titularidad no cancela las auditorías ni las investigaciones que pudieran derivarse de los contratos revisados.
La controversia adquiere relevancia por la función del INE como autoridad encargada de organizar las elecciones federales y garantizar la certeza de los procesos electorales, incluido el proceso electoral 2026-2027.
