La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que reconoce a la actriz Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas en una investigación por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos durante procedimientos legales relacionados con su encuentro con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
De acuerdo con la información publicada el viernes 16 de octubre de 2026, el recurso de revisión fue presentado el pasado 14 de octubre ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Con esta acción, la Fiscalía busca que se revise la resolución judicial que ordenó reconocer a la actriz y a su productora como víctimas dentro de una carpeta de investigación.
Ahora, un Tribunal Colegiado en Materia Penal deberá determinar si confirma, modifica o revoca la protección constitucional concedida a Del Castillo.
El caso se relaciona con una denuncia presentada el 1 de abril de 2025 por el representante legal de la actriz ante la FGR, en la que señaló presuntas irregularidades atribuibles a personas servidoras y exservidoras públicas que participaron en investigaciones anteriores en su contra.
El 12 de mayo de ese año, la defensa solicitó que Kate del Castillo y su empresa fueran reconocidas como víctimas dentro de la nueva carpeta de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la petición el 29 de octubre de 2025, al considerar que ambas tenían únicamente la calidad de denunciantes y que no habían acreditado un daño directo.
Ante esa decisión y las restricciones para consultar el expediente, la actriz promovió un juicio de amparo, registrado con el número 858/2025, y posteriormente amplió su demanda para impugnar la negativa de la Fiscalía.
El juez de Distrito Julio César Molina García resolvió a favor de la actriz y ordenó dejar sin efecto la determinación del Ministerio Público, así como emitir una nueva resolución que reconociera a Del Castillo y a su empresa como víctimas.
De acuerdo con el criterio judicial descrito en la información del caso, la autoridad no debía exigir pruebas del daño sufrido como condición previa para otorgar ese reconocimiento, pues los hechos denunciados estaban relacionados directamente con la actriz y su compañía.
La diferencia entre ser denunciante y tener la calidad de víctima es relevante dentro de una investigación penal. El reconocimiento como víctima permite ejercer derechos procesales, entre ellos:
Consultar los registros de la carpeta de investigación, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Recibir notificaciones sobre las actuaciones del procedimiento.
Dar seguimiento a las diligencias y participar en el proceso en los términos que establece la ley.
La defensa de Kate del Castillo había señalado que la negativa de la Fiscalía le impedía acceder al expediente y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades.
La impugnación presentada por la FGR mantiene en revisión la resolución judicial. Por ahora, el Tribunal Colegiado deberá determinar si permanece vigente el amparo que ordena reconocer a la actriz y a su empresa como víctimas.
El litigio se remonta a las investigaciones que surgieron después de que se conociera el encuentro de Kate del Castillo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2015, cuando el narcotraficante se encontraba prófugo de la justicia.
A partir de ese episodio, las autoridades mexicanas realizaron diligencias relacionadas con la actriz. Posteriormente, Del Castillo emprendió acciones legales contra el Estado mexicano y, en 2018, presentó una demanda por 60 millones de dólares por presunta responsabilidad patrimonial y daño moral, al argumentar que había sido objeto de persecución política.
La nueva disputa judicial no resuelve esa demanda ni determina la responsabilidad de los funcionarios señalados en la denuncia de 2025. El procedimiento actual se centra en establecer si Kate del Castillo y su empresa deben ser reconocidas formalmente como víctimas dentro de la investigación por las presuntas irregularidades.
La resolución del Tribunal Colegiado será clave para definir si la actriz puede participar en esa carpeta de investigación con los derechos procesales correspondientes a dicha calidad.
Con información de agencias
