Las actividades públicas de quienes han sido designados como coordinadores partidistas rumbo a las elecciones de 2027 podrían generar procedimientos por posibles actos anticipados de precampaña o campaña, advirtió el abogado electoral Arturo Ramos Sobarzo.
En entrevista, el especialista señaló que las leyes electorales establecen periodos específicos para la selección de candidaturas, precampañas y campañas, por lo que las actividades destinadas a posicionar anticipadamente a determinados perfiles pueden ser materia de denuncias ante las autoridades electorales.
Ramos Sobarzo explicó que aunque en algunos casos no exista una solicitud expresa del voto o una promesa de campaña, las autoridades pueden analizar si determinadas acciones tienen como finalidad generar un posicionamiento frente al electorado antes de los tiempos establecidos.
El abogado también señaló que esta práctica no se limita a un solo partido político y que distintas fuerzas han recurrido a mecanismos para promover perfiles antes de las etapas formales del proceso electoral.
El tema cobró relevancia esta semana luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera una impugnación presentada por Movimiento Ciudadano contra la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
La controversia está relacionada con denuncias por presuntos actos anticipados vinculados con las llamadas Coordinaciones de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón había propuesto que el INE analizara de manera integral las denuncias, al considerar que podían formar parte de una conducta desarrollada en distintas entidades. Sin embargo, la mayoría de la Sala Superior rechazó esa propuesta.
Con ello, el TEPJF confirmó que serán los organismos públicos locales electorales (OPLE) los encargados de conocer inicialmente los casos relacionados con las actividades desarrolladas en cada estado.
Ramos Sobarzo consideró que esto no significa que las denuncias hayan quedado sin materia, sino que deberán seguir su trámite ante las autoridades electorales locales correspondientes.
El especialista explicó que, de acreditarse infracciones, la legislación contempla diferentes sanciones, que pueden incluir amonestaciones y multas, dependiendo de la conducta y de la responsabilidad que determine la autoridad.
También planteó que el modelo actual genera un debate sobre la efectividad de las sanciones económicas, debido a que los partidos políticos reciben financiamiento público.
Como alternativa, mencionó la figura conocida como “silla vacía”, aplicada en Colombia, mediante la cual determinadas infracciones pueden tener consecuencias sobre la representación política de un partido.
Por ahora, las denuncias relacionadas con las actividades de los coordinadores deberán ser analizadas por las autoridades electorales de cada entidad, y las resoluciones que emitan podrán ser impugnadas ante los tribunales electorales correspondientes.
El abogado llamó a mantener seguimiento sobre las decisiones que adopten tanto los organismos locales como las autoridades electorales federales conforme avance el proceso rumbo a las elecciones de 2027.
mb
