La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, cuestionó las modificaciones aprobadas por la mayoría del Consejo General rumbo al Proceso Electoral 2026-2027 y advirtió que algunos de estos ajustes podrían poner en riesgo la certeza y transparencia de los comicios.
“La mayoría del Consejo General adoptó una serie de medidas que no comparto por el riesgo que implican para la calidad y certeza en la organización de las elecciones que tendremos el próximo año. Estas decisiones tocan tres puntos clave”, advirtió en un video que compartió.
Dijo que los cambios se relacionan con aspectos técnicos de la organización electoral, entre ellos los plazos de capacitación, los mecanismos de verificación de observadores electorales y el procedimiento para el cómputo de las boletas.
Y es que señaló tres principales riesgos: cambios en el cómputo de las llamadas “boletas planchadas”, reducción de plazos y controles para la capacitación e integración de casillas, y modificaciones en los requisitos para las personas observadoras electorales.
Humphrey advirtió que también se relajaron las verificaciones para impedir que servidores de la Nación o personas afiliadas a partidos participen como funcionarios de casilla o capacitadores, al sustituir algunos cruces de información por declaraciones bajo protesta de decir verdad.
Humphrey rechazó públicamente las modificaciones y sostuvo que no se trata únicamente de ajustes administrativos, pues, desde su perspectiva, pueden tener efectos directos en la certeza, integridad y transparencia de las elecciones de 2027.
La postura de la consejera ocurre cuando el INE avanza en la preparación del proceso electoral, para el que recientemente aprobó las convocatorias dirigidas a la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral.
Uno de los puntos que genera preocupación está relacionado con la flexibilización de controles para la participación de observadores. También se han modificado mecanismos vinculados con la revisión y cómputo de las boletas electorales.
La discusión cobra relevancia debido a que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 contempla la renovación de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, además de elecciones locales concurrentes en distintas entidades del país.
Para Humphrey, cualquier modificación a los procedimientos que tradicionalmente han servido como controles de la elección debe analizarse bajo el principio de máxima certeza, debido a que estos mecanismos buscan reducir posibles dudas sobre la legalidad y confiabilidad de los resultados.
La consejera ya había advertido anteriormente sobre retrasos y retos institucionales de cara al próximo proceso electoral. En julio señaló que existía un retraso en la instalación de la Comisión de Verificación de la Integridad de Candidaturas.
El Consejo General del INE continúa con los trabajos preparatorios rumbo a 2027. El propio instituto ha señalado que la observación electoral permite a la ciudadanía dar seguimiento a los actos de preparación, desarrollo de las elecciones y actividades de la jornada electoral.
La controversia interna pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre qué controles deben mantenerse para garantizar elecciones confiables y cuáles pueden modificarse para simplificar los procedimientos sin afectar la certeza de los resultados.
Así, a unos meses del arranque formal del proceso electoral, las diferencias entre integrantes del Consejo General anticipan una discusión relevante sobre las reglas que definirán la organización de las elecciones de 2027 en México.
