La posible reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas a determinados cargos públicos genera un debate en torno a la soberanía, los derechos políticos y los efectos reales que tendría una medida de este tipo, señaló Raúl Mejía, abogado constitucionalista, en entrevista para XEU Noticias.
Durante su participación en el programa Periodismo de Análisis, el especialista consideró que la modificación no sería necesaria y cuestionó que la posesión de una nacionalidad adicional a la mexicana implique, por sí misma, una falta de interés o lealtad hacia México.
Mejía explicó que la nacionalidad puede adquirirse principalmente por nacimiento en el territorio de un país o por vínculos de filiación, aunque las reglas varían dependiendo de la legislación de cada nación.
En el caso de México, señaló que la doble nacionalidad puede adquirirse de manera legítima, particularmente cuando una persona nace con nacionalidad mexicana y también obtiene otra nacionalidad por nacimiento.
El abogado consideró que esta situación genera una dificultad al plantear una eventual obligación de renunciar a la nacionalidad extranjera, debido a que no necesariamente se puede eliminar jurídicamente una nacionalidad adquirida por nacimiento.
"Es compleja la mera renuncia así", señaló Mejía al explicar que una persona podría declarar su renuncia ante determinadas autoridades, pero posteriormente enfrentar situaciones relacionadas con el reconocimiento de esa nacionalidad en el país de origen.
Raúl Mejía consideró que la propuesta representa una posible restricción a derechos políticos de personas que cuentan con doble nacionalidad.
"Yo creo que no", respondió al ser cuestionado sobre si considera necesaria la reforma.
El especialista sostuvo que tener una nacionalidad adicional a la mexicana no significa necesariamente que una persona tenga intereses contrarios al Estado mexicano.
También cuestionó el argumento de que la renuncia a una nacionalidad extranjera garantice una mayor lealtad hacia México.
"Si uno tiene ya esa nacionalidad, ¿por qué la renuncia va a acabar con el interés de haber sido nacional de otro Estado?", planteó.
Desde su perspectiva, el debate estaría centrado en elementos relacionados con nacionalidad y soberanía, pero no necesariamente en mecanismos que permitan garantizar un comportamiento adecuado de quienes ocupan cargos públicos.
Durante la entrevista, el abogado constitucionalista consideró que la iniciativa podría tener como origen casos específicos relacionados con personas que cuentan con doble nacionalidad.
"Yo tengo la impresión de que sí", respondió al preguntarle si la propuesta podría tener una dedicatoria.
Mejía explicó que existen políticos, particularmente en entidades fronterizas, que pueden contar con doble nacionalidad por sus circunstancias de nacimiento o familiares.
Según el especialista, esta condición puede facilitar la movilidad entre dos países y generar dificultades adicionales para las autoridades cuando existen investigaciones o procedimientos en contra de algún funcionario.
Sin embargo, el abogado presentó esta posibilidad como una interpretación sobre las motivaciones de la iniciativa, sin señalar que exista una determinación oficial que confirme que la reforma esté dirigida contra una persona en particular.
En caso de que la iniciativa sea aprobada, Mejía anticipó que podrían presentarse diversas complicaciones relacionadas con la aplicación de la nueva disposición.
Entre los posibles efectos que mencionó están:
El abogado señaló que será necesario conocer el contenido definitivo de la reforma para determinar con precisión cómo se aplicaría y cuáles serían sus consecuencias jurídicas.
"Acaba siendo una condición realmente simbólica y no sé qué efectos traiga posteriormente", afirmó.
Mejía consideró que el debate debería enfocarse más en los mecanismos de fiscalización y responsabilidad de los servidores públicos que en restricciones relacionadas con la nacionalidad.
A su juicio, la existencia de una segunda nacionalidad no garantiza ni impide por sí misma que un funcionario actúe en beneficio del país.
El abogado señaló que México requiere condiciones reales de vigilancia sobre quienes ejercen cargos públicos, así como mecanismos de responsabilidad que se apliquen de manera uniforme.
"Más que estas reformas simbólicas y que tienen, yo creo, nombre y apellido, yo creo que más bien el comportamiento de los servidores públicos es lo que debería realmente entrar en una condición de mucho mayor control", sostuvo.
La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de determinar si se convierte en una reforma constitucional. Su alcance final dependerá del texto que eventualmente sea aprobado y de las disposiciones que establezcan las autoridades legislativas.
Para Raúl Mejía, el debate sobre la doble nacionalidad debe considerar no solamente argumentos de soberanía y nacionalismo, sino también los derechos políticos de los ciudadanos y los mecanismos de control aplicables a los servidores públicos.
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