Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano dictó prisión preventiva contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.
Ingemar tiene como accionista mayoritario al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que con esta detención suman nueve las personas aprehendidas por su presunta relación con una red dedicada al contrabando de combustible transportado en ferrotanques desde Estados Unidos hacia México. De ellas, ocho ya fueron vinculadas a proceso.
Hernández Hinojosa fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la mujer permanecerá interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur mientras se determina su situación jurídica.
De acuerdo con la FGR, los datos de prueba señalan que Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que se declaraban ante las autoridades volúmenes de hidrocarburo inferiores a los realmente transportados.
También habría participado en actos jurídicos y comerciales relacionados con la distribución de petrolíferos, así como en gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban inconsistencias documentales.
La Fiscalía agregó que la apoderada legal aparecía como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de Ingemar, lo que presuntamente le permitía intervenir en la administración financiera de la empresa.
La investigación señala además que la red ferroviaria de contrabando utilizaba declaraciones con cantidades menores de combustible o reportaba otros productos para evadir el pago de impuestos.
La FGR indicó que las investigaciones continúan para identificar y desmantelar la estructura relacionada con el presunto contrabando de combustible.
