La noche del viernes se convirtió en madrugada y la madrugada en mañana, y la audiencia contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, seguía en curso este sábado. Luego de arrancar formalmente alrededor de las 22:00 horas del viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano, la diligencia se extendió hasta las 5:00 horas, cuando la juez federal decretó un receso. A las 9:39 horas, la audiencia se reanudó sin señales de concluir pronto. Fonalmente, le concedieron un amparo para no ser torturado ni incomunicado.
El motivo de tan prolongada jornada judicial: el volumen de pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto sobre la mesa para sostener sus cargos contra Ruffo y otros siete presuntos integrantes de lo que las autoridades describen como una red de huachicol fiscal. Fuentes allegadas al caso confirmaron que tanto la defensa como el Ministerio Público continuaban desahogando datos de prueba durante la segunda sesión del sábado.
La FGR pretende imputar al ex mandatario tres delitos de considerable gravedad: delincuencia organizada, ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando. Los dos primeros contemplan prisión preventiva oficiosa, lo que significa que, de formalizarse la imputación, Ruffo no podría enfrentar el proceso en libertad.
Según la acusación de la fiscalía, el ex gobernador habría sido uno de los presuntos líderes de una organización que operó entre 2019 y 2026, periodo en el que se habrían importado petrolíferos al país declarando en los pedimentos aduanales apenas una fracción del volumen de combustible realmente ingresado. El mecanismo, en términos sencillos: meter más de lo que se declara para evadir el pago del IEPS y el IVA, impuestos que en el caso de los combustibles representan montos considerables.
La detención de Ruffo ocurrió en Ensenada, Baja California, y la audiencia inicial comenzó más de 30 horas después de su captura, lo que da cuenta de los tiempos que manejan los procedimientos federales de esta naturaleza.
El ex gobernador no es el único sentado frente a la juez. Junto a él comparecen otras siete personas vinculadas presuntamente a la misma red:
La presencia de un agente aduanal y su dependiente entre los imputados no es un detalle menor: apunta al papel que habrían jugado las aduanas en el esquema, al ser el punto de entrada donde se declara —o se subdeclara— el volumen de combustible importado.
Lo que estaba previsto para comenzar a las 13:00 horas del viernes terminó siendo una maratónica sesión judicial que cruzó la medianoche y se prolongó hasta el amanecer del sábado. Los recesos decretados por la juzgadora y el volumen de la evidencia presentada por la FGR explican, en parte, la extensión de la diligencia. La audiencia se desarrolló de manera virtual, modalidad que ya es habitual en los procedimientos del Centro de Justicia Penal Federal.
Este tipo de audiencias iniciales en casos de esta complejidad suelen ser largas por naturaleza: el Ministerio Público tiene que exponer todos los datos de prueba que justifican la imputación, la defensa tiene derecho a objetar y la juez debe evaluar cada elemento antes de resolver si vincula o no a proceso a los acusados. Cuando hay ocho imputados y años de presuntas operaciones ilícitas de por medio, las horas se acumulan.
Ernesto Ruffo Appel no es un personaje menor en la historia política de México. Fue el primer gobernador de oposición que el país tuvo en el siglo XX, cuando en 1989 ganó la gubernatura de Baja California bajo las siglas del PAN, rompiendo décadas de hegemonía priista en los estados. También se desempeñó como comisionado para Asuntos de la Frontera Norte durante el sexenio de Vicente Fox. Su detención representa, por tanto, un golpe de alto impacto político y mediático, independientemente del resultado que tenga el proceso judicial.
El término huachicol fiscal que usan las autoridades para describir el esquema es una extensión del concepto original de huachicol —el robo de combustible de ductos— hacia una modalidad más sofisticada: la evasión de impuestos mediante la subdeclaración en aduanas de los volúmenes de hidrocarburos importados. En lugar de robar gasolina de un oleoducto, el mecanismo supone mover dinero del fisco mexicano hacia las arcas de la organización a través de pedimentos alterados.
