El representante de Somos México, Emilio Álvarez Icaza, calificó como "una infamia" la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y acusó que el caso forma parte de una estrategia de persecución política contra integrantes de la oposición.
Durante declaraciones a Milenio, el exsenador sostuvo que el Gobierno federal está utilizando a las instituciones encargadas de procurar justicia con fines políticos y afirmó que no existe confianza en la actuación de la Fiscalía.
"Es una infamia y es un escándalo que el Gobierno de México esté utilizando de manera política este aparato de justicia", expresó.
Álvarez Icaza señaló que, si bien las autoridades tienen la obligación de investigar cualquier presunto delito, cuestionó que las pesquisas se concentren en figuras de oposición mientras, afirmó, no se informa sobre otros casos que, a su juicio, también deberían esclarecerse.
En ese sentido, mencionó señalamientos relacionados con familiares del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pidió que las autoridades transparenten los avances de esas investigaciones.
Asimismo, hizo referencia a diversos hechos violentos que, aseguró, han ocurrido alrededor de investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles, incluyendo homicidios de funcionarios y mandos navales, por lo que consideró necesario que las autoridades informen con claridad sobre esos expedientes.
El representante de Somos México afirmó que Ernesto Ruffo ya había mostrado documentación relacionada con la operación de la empresa bajo investigación y aseguró que el exmandatario "ni siquiera es socio mayoritario".
De acuerdo con Álvarez Icaza, el exgobernador había explicado previamente la estructura de la empresa y había entregado información tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como a las autoridades correspondientes.
"Conversé en varias ocasiones del tema; él nos enseñó todas las pruebas", sostuvo.
Álvarez Icaza también aseguró que el presunto esquema de robo y comercialización ilegal de combustibles representa un daño económico multimillonario para el país y acusó que diversas instituciones gubernamentales habrían tenido participación o conocimiento de esas operaciones, afirmaciones que no presentó acompañadas de pruebas durante sus declaraciones.
Bajo ese contexto, consideró que centrar las investigaciones en Ernesto Ruffo resulta "conveniente" para el Gobierno y reiteró que, desde su perspectiva, el exgobernador es un perseguido político.
"Claro que tiene que haber debido proceso, pero la verdad es que en esta Fiscalía yo no tengo ninguna confianza... No tenemos duda en decir que es un perseguido político", concluyó.
Las declaraciones de Emilio Álvarez Icaza se producen después de la detención de Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por autoridades federales en un caso relacionado con una presunta red de contrabando de combustibles. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento público en respuesta a las acusaciones del representante de Somos México, mientras que el proceso judicial continúa conforme a las etapas previstas por la ley.
