La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de "huachicol" fiscal, quedó marcada por dos resoluciones judiciales opuestas: mientras que un juez de carrera rechazó inicialmente la solicitud de captura presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), una jueza de guardia autorizó posteriormente la orden de aprehensión y dictó prisión preventiva oficiosa para el exmandatario y los demás imputados.
De acuerdo con la resolución judicial, el pasado 22 de junio la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 23 personas presuntamente relacionadas con una red dedicada al denominado "huachicol" fiscal. Sin embargo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Estado de México, Mario Elizondo Martínez, negó la petición al considerar que el Ministerio Público Federal no presentó elementos de prueba suficientes para acreditar los delitos imputados.
Tras ese revés, la Fiscalía reformuló su solicitud y el 13 de julio presentó un nuevo expediente en el que incorporó como imputados al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel y a otra persona.
La nueva petición fue analizada por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, quien se encontraba de guardia al momento de recibir el asunto.
En su resolución, la juzgadora concedió la orden de aprehensión solicitada por la FGR y, además, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Ruffo Appel y el resto de los acusados.
No obstante, en el propio documento judicial, Ramírez de la Vega precisó que su intervención obedeció a que se encontraba de guardia y señaló que el desarrollo del proceso penal corresponde al juez Mario Elizondo Martínez, quien previamente había rechazado la primera solicitud de captura.
La diferencia entre ambas resoluciones ha generado atención debido a que el primer juez consideró insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía, mientras que la segunda solicitud derivó en la autorización de las órdenes de captura, tras la incorporación de nuevos imputados y elementos presentados por el Ministerio Público, con total falta de ética profesional y jurídica.
La FGR acusa a los involucrados de integrar una presunta red de "huachicol" fiscal, esquema relacionado con la importación y comercialización irregular de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos. Hasta el momento, las autoridades federales continúan con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.
Reforma/ Latinus
