El Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR) desplegaron una fuerte ofensiva institucional en contra del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Las autoridades mexicanas lo acusan de conducirse con falsedad y violar el principio de "buena fe" en las relaciones diplomáticas al presuntamente mentir al señalar que no tuvo intervención de agencias estadounidenses en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.
En una conferencia de prensa encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, acompañada por mandos de la FGR como el fiscal de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, se señaló que existen indicios de que el FBI planeó y ejecutó de forma directa el traslado del capo en julio de 2024.
De confirmarse la autoría de la agencia estadounidense, la FGR advierte que se configurarían violaciones graves a la soberanía mexicana, a la Constitución y a tratados internacionales como la Convención de Viena.
Sin acción penal por inmunidad: La Fiscalía aclaró que las consecuencias contra Salazar no serán de carácter penal debido a la inmunidad diplomática que lo protegía durante su encargo; sin embargo, el reproche legal e internacional radica en haber entregado información "falsa, parcial e imprecisa".
La hipótesis de la Fiscalía: Las autoridades mexicanas sostienen como línea de investigación que la captura de Zambada fue producto de un pacto que involucró beneficios procesales para Ovidio Guzmán López (hijo de "El Chapo" Guzmán) en la Unión Americana.
Ante los cuestionamientos directos de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el exdiplomático estadounidense rompió el silencio reafirmando la versión oficial de Washington:
"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad", manifestó Salazar a través de sus redes y en entrevista con Univision.
El exembajador aseguró que tanto él como el entonces fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, mantuvieron comunicación clara y directa con el gobierno de México los días posteriores a la detención, rechazando categóricamente haber mentido.
Especialistas en derecho internacional consultados por El Universal coinciden en que esta agresiva reacción del aparato de justicia y el Ejecutivo mexicano funciona principalmente como una estrategia mediática y de contención política. Según los analistas, al no tener efectos vinculantes o penales reales contra el exfuncionario estadounidense, la maniobra busca blindar la narrativa de la "Cuarta Transformación" frente a futuras revelaciones que puedan publicarse en el próximo libro de memorias de Salazar.
Fuente: El Universal
