A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Internet expresó su preocupación, por la reforma sobre la injerencia extranjera, la cual consiste en evitar la intervención internacional en México.
A continuación el comunicado:
La Asociación Mexicana de Internet expresa su profunda preocupación respecto de la iniciativa de reforma constitucional y legal presentada en materia de nulidad de elecciones por presunta “intervención o injerencia extranjera”, al considerar que diversos elementos de la propuesta podrían generar riesgos significativos para la libertad de expresión, la seguridad jurídica, los derechos digitales y el funcionamiento abierto del ecosistema democrático digital.
La iniciativa propone incorporar al artículo 41 constitucional una nueva causal de nulidad electoral vinculada con la presunta participación de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros en procesos electorales mexicanos. Asimismo, plantea modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral bajo una narrativa de defensa de la soberanía nacional.
La Asociación reconoce plenamente que existen riesgos reales asociados a operaciones de desinformación, uso antiético de inteligencia artificial, campañas coordinadas de manipulación digital, “deepfakes” y mecanismos de influencia indebida sobre procesos democráticos. Combatir dichas prácticas es un objetivo legítimo del Estado mexicano. Sin embargo, precisamente por la complejidad técnica y jurídica de estos fenómenos, cualquier regulación debe construirse con definiciones estrictas, criterios verificables, controles judiciales robustos y pleno respeto al marco constitucional y convencional de derechos humanos.
Las propuestas conocidas públicamente contienen conceptos ambiguos e indeterminados como “manipulación digital”, “desinformación” e “intervención extranjera”, sin delimitar adecuadamente categorías técnicas fundamentales como bots, inteligencia artificial generativa y predictiva, amplificación artificial, propaganda algorítmica, astroturfing, microtargeting o deepfakes entre otras. La ausencia de taxatividad normativa y precisión conceptual podría abrir espacios de interpretación expansiva incompatibles con los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad jurídica que rigen la materia electoral mexicana.
Nos preocupa especialmente que actividades legítimas o estructuralmente inherentes al funcionamiento global de internet puedan eventualmente quedar sujetas a cuestionamientos jurídicos o litigios político-electorales. Entre ellas se encuentran opiniones emitidas por personas extranjeras, investigaciones periodísticas de medios internacionales, campañas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, modificaciones algorítmicas realizadas por plataformas digitales, contratación de consultoría política internacional, publicidad segmentada y contenidos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Internet constituye una infraestructura global y transnacional por diseño. Gran parte de la comunicación política digital contemporánea involucra necesariamente componentes extranjeros relacionados con servidores, algoritmos, almacenamiento, publicidad digital, servicios de nube, moderación de contenidos e infraestructura tecnológica. En ese contexto, resulta indispensable definir con claridad qué debe entenderse jurídicamente por “intervención extranjera” dentro de un entorno digital globalizado e interconectado. Hasta este momento, la iniciativa no parece resolver adecuadamente ese dilema estructural.
La Asociación Mexicana de Internet manifiesta además su firme preocupación frente a cualquier esquema regulatorio que pueda derivar en mecanismos de control expansivo sobre plataformas digitales o en modelos de monitoreo masivo incompatibles con una democracia constitucional.
La lógica jurídica de la iniciativa podría eventualmente incentivar obligaciones de monitoreo, colaboración forzada con autoridades, trazabilidad amplia de campañas digitales, auditorías algorítmicas, minería de datos, análisis de redes, identificación automatizada de patrones de coordinación y remoción preventiva de contenidos. Para acreditar presuntos actos de “manipulación digital”, el Estado podría requerir información técnica proveniente de plataformas digitales, servicios de alojamiento, proveedores de infraestructura y empresas de publicidad digital, generando riesgos significativos para la privacidad, la protección de datos personales, el anonimato en línea, la libertad de expresión y la discrepancia política.
México ha construido durante décadas un sistema electoral sustentado en los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y equidad en la contienda. Toda reforma electoral debe ser plenamente compatible con dichos principios y con el bloque de constitucionalidad en derechos humanos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión y participación política.
