La posible emisión de fichas rojas de Interpol contra funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos podría derivar en detenciones inmediatas en aeropuertos y puntos migratorios de más de 190 países, advirtió el abogado penalista Gabriel Regino.
El especialista explicó que la ficha roja funciona de manera paralela a una solicitud de detención provisional con fines de extradición y opera como una alerta internacional dirigida a corporaciones policiales y autoridades migratorias.
“Es una alerta migratoria que sirve para poner en guardia a todas las policías portuarias y aéreas (…) para que en el caso de que las personas requeridas llegasen a intentar entrar o salir de su país, puedan ser detenidas para dar inicio al procedimiento formal de la extradición”, señaló.
Regino afirmó que, bajo este escenario, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser arrestado si intenta salir de México o ingresar a otro país miembro de Interpol.
“En el momento en que llegase a un aeropuerto tendría que ser detenido, ya sea de salida o de entrada a algún país de los miembros de esta confederación de policías internacionales”, sostuvo.
El abogado consideró que el gobierno mexicano ha evitado actuar debido al impacto político y reputacional que implicaría el caso.
“Existe una reticencia del gobierno utilizando el discurso de la injerencia y de la soberanía (…) porque representa un daño muy fuerte para el régimen y para el partido en el poder”, declaró.
Gabriel Regino aseguró que un caso de esta naturaleza no tiene precedentes en México, al involucrar a un gobernador con licencia señalado por delitos de alto impacto. Recordó que los casos de Javier Duarte y César Duarte ocurrieron cuando ambos ya habían dejado el cargo.
“No había ocurrido de un gobernador en ese contexto (…) es el primero en su tipo en la historia de nuestro país”, afirmó.
Respecto a la postura del gobierno mexicano sobre la supuesta falta de pruebas por parte de Estados Unidos, el penalista sostuvo que existe una “manipulación de los datos” y explicó que las solicitudes de información adicional forman parte normal de los procesos de extradición.
“Pedir información forma parte del procedimiento formal de extradición”, explicó.
Además, advirtió que Estados Unidos podría actuar fuera de su territorio para detener a los señalados, al considerar que la orden judicial ya existe y que ese país ha recurrido anteriormente a mecanismos de extraterritorialidad.
“Sí, desde luego que esa es una posibilidad (…) como lo hemos visto ya en muchos ejemplos del pasado”, indicó, al mencionar el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro.
