La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que hasta el momento no cuenta con imputaciones directas que vinculen a integrantes de la organización criminal encabezada por los hermanos Farías Laguna con el asesinato de tres elementos de la Marina y una exfuncionaria de la Fiscalía de Colima, como fue señalado en una publicación reciente de El Universal.
A través de una ficha informativa, la dependencia federal precisó que las afirmaciones difundidas en el medio nacional se sustentan en versiones periodísticas y no en datos concluyentes derivados de las investigaciones ministeriales en curso.
“Esta institución reitera que, hasta este momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”, señaló la FGR.
La aclaración surge luego de que El Universal publicara que la Fiscalía atribuía a la célula delictiva liderada por los hermanos Farías Laguna —identificados además como sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán— la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General de Colima.
Según la publicación, en la solicitud de órdenes de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y algunos delitos relacionados con contrabando, la FGR describe a la agrupación criminal como una estructura que opera con altos niveles de violencia para proteger sus actividades ilícitas.
El documento judicial, cuya reformulación fue solicitada por la jueza de Control Mariana Vieyra Valdés, expone que la organización presuntamente utiliza mecanismos de intimidación y silenciamiento contra quienes se niegan a colaborar o intentan denunciar sus operaciones.
No obstante, la Fiscalía subrayó que dichas referencias no constituyen una acusación formal por homicidio ni representan pruebas definitivas contra los implicados.
El caso mantiene atención pública debido al posible alcance de la red investigada y a las conexiones familiares señaladas en el entorno político y militar, aunque la autoridad federal insistió en que las investigaciones continúan y que cualquier responsabilidad penal deberá sustentarse con pruebas suficientes ante los tribunales.
