La detención y entrega en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el veracruzano Gerardo Mérida Sánchez, podría tener repercusiones de gran alcance para instituciones mexicanas y derivar en nuevas investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios, advirtió el especialista en seguridad nacional, Emilio Vizarretea.
En entrevista, el analista consideró que el caso resulta particularmente delicado debido a que Mérida Sánchez es un general retirado con antecedentes en áreas de inteligencia del Ejército Mexicano.
“Es un general que estuvo al frente de áreas de inteligencia en el Ejército Mexicano. Es un general que de una o de otra manera está vinculado y mantenía esos aspectos muy señalados”, expresó.
Vizarretea señaló que la decisión de entregarse a las autoridades estadounidenses podría responder a una estrategia para reducir posibles condenas mediante acuerdos de colaboración.
“En alguna medida sí, están buscando disminuir el costo, insisto, en términos de tiempos”, indicó.
El especialista explicó que, debido a la edad avanzada de varios de los implicados, la posibilidad de enfrentar largas sentencias en prisión vuelve más viable que busquen convertirse en testigos colaboradores.
“Le están asimilando una sentencia mínima de 40 años (…) no le alcanza la edad para cumplir esa condena. Entonces, lo que más les conviene es tomar un acuerdo de testigos protegidos”, afirmó.
Asimismo, advirtió que estas investigaciones podrían extenderse a otros actores políticos y de seguridad en México, particularmente por el nivel de información sensible que manejaron algunos de los involucrados.
“Es un personaje que estuvo vinculado a las áreas de inteligencia del Ejército Mexicano y eso ha llamado la atención”, sostuvo.
El académico también consideró que las recientes acciones del gobierno mexicano, como el presunto congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a funcionarios sinaloenses, reflejan una reacción ante las investigaciones iniciadas en Estados Unidos.
“Está actuando después, con una idea de mostrar que sí está tomando o está haciendo actividad en ello”, comentó.
Vizarretea subrayó que el caso exhibe el nivel de complicidad y penetración del crimen organizado en distintas estructuras gubernamentales, situación que calificó como inédita por el número de personas señaladas.
“Nunca habíamos tenido realmente esta circunstancia tan grave, el número de señalados, de imputados, pero sobre todo muchos en funciones”, apuntó.
Finalmente, alertó sobre el impacto institucional que podría generar este tipo de procesos judiciales, especialmente por tratarse de perfiles que tuvieron acceso a información estratégica del Estado mexicano.
“Son gente que ha tenido acceso a información privilegiada y que de pronto han caído en una malsana tentación”, concluyó.
