La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta de reforma constitucional que plantea reducir de 11 a ocho los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes durarían nueve años en el cargo sin reelección y serían electos bajo el principio de paridad. Se mantiene la figura del secretario general y el esquema de voz sin voto para representantes partidistas y del Poder Legislativo.
El documento señala que las y los consejeros actuales concluirán su periodo conforme a la ley vigente; el 4 de abril terminan funciones Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, cuyos relevos se elegirán con la legislación actual. Hasta el 26 de julio de 2029 el Consejo General seguirá con 11 integrantes; después quedará en nueve, bajo criterios de austeridad.
En los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), se propone un máximo de cinco integrantes designados por el Senado con mayoría calificada por siete años. El Comité Técnico de Evaluación estaría integrado por cinco personas, tres nombradas por el Senado y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si no hay acuerdo, la designación la realizaría el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva integración entraría en vigor el 1 de septiembre de 2027.
En la Cámara de Diputados se propone pasar de 500 a 508 legisladores: 300 de mayoría relativa y 208 de representación proporcional. De estos últimos, 100 serían por el sistema de mayor porcentaje de votación individual sin mayoría, mediante lista nacional cerrada no bloqueada con alternancia de género; ocho serían para la diáspora mexicana, con listas de cuatro mujeres y cuatro hombres residentes en el extranjero por más de tres años. La asignación sería proporcional a la votación nacional.
Para el Senado se eliminan 32 plurinominales y quedaría en 96 escaños. Se elegirían 64 por mayoría relativa, dos por entidad, con fórmulas integradas por un hombre y una mujer, garantizando que al menos en la mitad de los estados la primera posición sea para una mujer.
La iniciativa también plantea reducir en 25% el financiamiento ordinario a partidos, con una fórmula equivalente al 48.75% del valor de la UMA multiplicado por el padrón electoral. En campañas, el monto aumentaría 50% respecto al financiamiento ordinario. La distribución podría modificarse de 30% igualitario y 70% proporcional a 40% y 60%, respectivamente.
En candidaturas independientes, los recursos públicos sólo podrán destinarse a campañas; las aportaciones privadas deberán provenir de personas físicas mexicanas y el límite anual se reduce de 3.3 millones de pesos a 850 UMAS (99 mil 713 pesos). La propuesta, respaldada hasta ahora por Morena, podría enviarse al Congreso en los próximos días.
mb
